El juez José Castro ha confirmado este martes que la declaración de la infanta como imputada en el caso Nóos el próximo 8 de febrero solo se grabará en audio, pero no en vídeo, y ha establecido además que ninguna de las personas que accedan ese día a los juzgados de Palma podrá llevar teléfono.
«Se prohíbe terminantemente que persona alguna acceda al interior del edificio portando terminal telefónico, tablets, ordenador portátil o cualquier otro dispositivo apto para la captación de imágenes o sonidos», ordena el juez instructor en una providencia dictada hoy.
Castro atiende en este escrito la solicitud que le planteó el pasado sábado el abogado de doña Cristina Jesús María Silva, en el sentido de que se evitara el registro de la imagen de la hija del Rey declarando como imputada, y amplía las prescripciones para impedir que se filtren vídeos o sonido de la comparecencia y que los presentes se comuniquen con el exterior durante el interrogatorio.
El magistrado recuerda que la grabación audiovisual de las comparecencias en esta causa se estableció como norma el año pasado después de que la primera declaración de Iñaki Urdangarin, en febrero de 2012, se prolongara durante casi 25 horas porque el imputado se negó a que se registrara en soporte audiovisual y se discutía casi línea a línea la transcripción de sus palabras.
Para el instructor del caso Nóos aquella declaración tuvo «una duración a todas luces escandalosa» porque el debate sobre la transcripción ocupó «unos dos tercios de la total duración del acto», algo que se ha querido evitar con un sistema consistente en la grabación en vídeo y la posterior reproducción literal por escrito de las palabras del declarante para ponerlas a disposición de las partes.
Supevisión
Cuando el fiscal, el resto de acusaciones o los letrados defensores han querido visionar la única copia que se ha guardado de estas grabaciones lo han tenido que hacer en sede judicial y bajo supervisión con el fin de evitar filtraciones.
Castro, tras consultarlo con la secretaria del juzgado como responsable de la documentación de las actuaciones, acepta la petición del abogado de la infanta a pesar de que los abogados de Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, y del socio de Urdangarin, Diego Torres, argumentaron «trato discriminatorio».
El juez replica que si en determinados casos se aceptó que las declaraciones no fueran recogidas en soporte audiovisual, «con mayor justificación se hubiera accedido a que solo lo fueran en audio».
«De hecho, la copia que se entrega a la empresa encargada de su transcripción, por razones de seguridad, solo lo es de la grabación de audio», precisa.
En cuanto a la prohibición de entrar con teléfonos y ordenadores a los juzgados el día de la declaración de doña Cristina, de la que se excluye a los funcionarios adscritos al servicio de guardia, Castro detalla que quienes vayan a seguir la declaración tendrán que dejar sus aparatos de comunicación en el control de seguridad y, si quieren emplearlos en los recesos, deberán pedirlo expresamente.
«La exhibición a quien ha de prestar declaración de cualquier documento se deberá hacer en formato de papel» o mediante un ordenador habilitado en la sala, agrega Castro.
Por otro lado, el instructor de Nóos ha solicitado a la asociación Frente Cívico «Somos Mayoría», entidad liderada por Julio Anguita que quiere personarse como acusación popular, que aporte su escritura fundacional, estatutos e inscripción en el registro.
Asimismo, el juez se da por enterado de las alegaciones de Manos Limpias contra la personación de esta otra entidad que pretende actuar como acusación en la causa.