Telefónica ha remitido información al juez instructor del caso Nóos José Castro relacionada con la transferencia de 12 millones de euros a una cuenta del empresario español Juan José López en Odessa (Ucrania), que hoy declarará por vídeoconferencia desde el centro penitenciario Brians 2 de Catalunya, donde cumple condena.
En los dieciocho documentos remitidos al magistrado la compañía incluye una denuncia por estafa presentada en un juzgado de Madrid por el pago de los 12 millones a la sociedad Ritm-Tur.
Ese dinero llegó a la cuenta de esa empresa, relacionada con López, mediante la suplantación de identidad de dos apoderados de Telefónica, la falsificación de sus firmas y de documentación de la misma por parte de «una persona o personas desconocidas», según la compañía telefónica, representada por el apoderado José Luis Gutiérrez.
Operación
El banco ucraniano ordenó transferir los 12 millones tras advertir a Telefónica que los gastos de la operación ascendían a 75.000 euros. Según la empresa española, fue en ese momento cuando detectaron el intento del supuesto fraude. El empresario español que recibió el dinero en su cuenta, lo asoció a Iñaki Urdangarin, y según ha explicado en la documentación remitida al juez todo ello le había causado perjuicios cuya cuantía ascendía a más de 1,5 millones de euros. De hecho, Telefónica y López cruzaron sendas denuncias en los juzgados.
Por otra parte, Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin, pide al juez un nuevo desbloqueo de sus cuentas en Luxemburgo para hacer frente «a los costes de la vida», precisa, gastos que cifra en 18.068 euros anuales, «teniendo en cuenta el salario mínimo interprofesional», subraya.
El exsocio de Urdangarin pide que su mujer, Ana María Tejeiro, también reciba esa misma cantidad de dinero.
Asimismo, la Agencia Tributaria realizó ayer una nueva inspección a las empresas satélites del Instituto Nóos, y a Ana María Tejeiro. Hacienda también comprobó los datos tributarios de la Fundación Deporte, Cultura e Integración.
El juez, finalmente, recibió de los registradores de la propiedad de Palma y Maó la anotación de los embargos realizados a Diego Torres por la fianza civil de 6,1 millones.