La representación legal de la infanta Cristina considera que el juez del caso Nóos, José Castro, ha hecho «apreciaciones subjetivas» sobre ella que constituyen «un grave atentado a las garantías que debieran presidir el procedimiento y, en particular, el ejercicio del derecho de defensa».
En su recurso de apelación contra la negativa del instructor a rebajarle la fianza por responsabilidad civil de 2,7 millones a 587.413 euros, los letrados de la duquesa de Palma atribuyen al juez «contradicciones y excesos interpretativos» que les generan «una constante sensación de inseguridad jurídica y, por ende, una grave merma de su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva».
Los recurrentes, Miquel Roca y Jesús-María Silva, sostienen que cuando la hermana del Rey «ha pretendido ejercitar de forma legítima su derecho de defensa, incomprensiblemente, ha recibido como respuesta» de Castro «toda una serie de reproches (...) y valoraciones subjetivas sobre la pretendida incorrección del planteamiento de su estrategia».
Los abogados afirman que el juez contraviene la Ley de Enjuiciamiento Criminal al recoger «en todas y cada una de sus resoluciones» sobre la infanta «únicamente las circunstancias adversas, pero no las favorables» y aplicar siempre la doctrina menos propicia para su defensa.
Acusan al instructor del caso Nóos de contradecirse al negar en su momento su derecho a recurrir la fianza y reprenderles ahora, erróneamente a su juicio, por no haberla recurrido, y de hacer una «interpretación en contra de reo» al justificar el montante de la fianza en la consideración de que se puede aplicar a la infanta una agravante del delito fiscal de su marido que la acusación contra ella no considera.
Los defensores rebaten que Castro, «de forma más bien acusadora», niegue «la más mínima probabilidad» de que a la duquesa de Palma, «en el caso hipotético de condena, le fuera de aplicación la atenuante de reparación del daño», un propósito que, insisten, quedó de manifiesto cuando la imputada consignó 587.413 euros, que es la cantidad que la Fiscalía le atribuye como beneficiara a título lucrativo de los presuntos delitos de su esposo.
«Si la intención no hubiera sido la de reparar, obviamente, doña Cristina Federica de Borbón no se hubiera apresurado a realizar la consignación, y mucho menos en efectivo metálico, tan pronto como tuvo conocimiento de las responsabilidades civiles exigida por las únicas acusaciones legitimadas para el ejercicio de la acción civil», arguyen.
Roca y Silva lamentan que Castro emplee el «recurso al descrédito» a su conducta procesal y de la infanta, y les acuse de tratar de evitar que doña Cristina compareciera como imputada, algo que, según su argumentación, se contradice con la realidad, ya que la infanta anunció en un comunicado que acudía a declarar «voluntariamente» porque renunciaba a recurrir la citación que le había dirigido Castro a principios del año pasado.
«Después de responder de forma extensa y tajante al exhaustivo interrogatorio del instructor, se comprenderá que poco más cabía añadir por parte de doña Cristina Federica de Borbón y Grecia», dicen sus abogados.
La defensa de la infanta insiste en reclamar que se reduzca la fianza a doña Cristina, por injustificada y «absolutamente desproporcionada», aunque en esta ocasión piden que se rebaje algo menos de lo que solicitaron inicialmente.
Si en el primer recurso pedían una rebaja de los 2.697.150 euros fijados por el juez a 449.525 euros (los 337.143 euros presuntamente defraudados a Hacienda por Urdangarin, más un tercio); ahora reclaman que la Audiencia de Palma la deje en 587.413 euros, que es la cantidad que consignó la infanta en el juzgado en diciembre.
Los abogados de la hermana del Rey alegan que esta medida cautelar se debe ceñir a la probable responsabilidad civil y las costas procesales a las que debería hacer frente doña Cristina en caso de una sentencia condenatoria «pero no a garantizar las posibles penas de multa».
Rechazan que la fianza se haya calculado a partir de la pena de multa solicitada para la infanta por Manos Limpias y recuerdan que la acusación popular no está legitimada para ejercitar acciones civiles (reclamando el perjuicio).
En el escrito de 22 páginas, los abogados recuerdan que la infanta ingresó en el juzgado 587.413 euros, que era la cantidad que la Fiscalía Anticorrupción reclamó como responsabilidad civil en su escrito de acusación y puntualizan que esa cuantía incluye los 168.571 euros que postuló la Abogacía del Estado en nombre de la Agencia Tributaria que sería la perjudicada por el presunto delito.
Creen que se deben tener en cuenta dos circunstancias atenuantes: que la infanta ya ha reparado el presunto daño y que está acusada como cooperadora en los delitos fiscales de su marido, no como autora. Por eso piden a la Audiencia que rebaje la fianza y la deje en los 587.413 ya satisfechos.