Balears, con 30,35 denuncias por cada 10.000 mujeres, sigue a la cabeza de las regiones españolas en número de víctimas de violencia machista y supera la media española (18,1) en un 77 %, según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género referidos al tercer trimestre de 2018.
El 72 % de las sentencias dictadas en España por los tribunales en casos de violencia de julio a septiembre fueron condenatorias -2,3 puntos más que en el mismo trimestre de 2017-, un periodo en el que aumentaron las denuncias hasta las 43.560 (un 2,3 %), sobre todo las presentadas por mujeres.
Según los últimos datos, entre julio y septiembre los órganos judiciales del conjunto del país dictaron 10.741 sentencias penales en el ámbito de la violencia de género, de las que 7.751 (el 72,16 %) fueron condenatorias.
Un total de 40.718 mujeres aparecen como víctimas de violencia de género en las 43.560 denuncias presentadas en los tribunales, indican los datos proporcionados por el Servicio de Estadística del Consejo del Poder Judicial, que reflejan una leve disminución en el número de víctimas (0,3 %) y un considerable aumento en el de denuncias.
En concreto, en el mismo periodo de 2017 fueron 40.829 las mujeres víctimas y 42.571 las denuncias registradas por maltrato machista.
Más de un 70 % de las denuncias fueron presentadas por la propia víctima, en el juzgado o ante la policía, casi dos puntos más que en el tercer trimestre del año anterior. Se registra un importante descenso en las presentadas por familiares, que apenas llega a un 1,4 del total (frente al 2,25 de 2017).
Las denuncias por intervención directa de la policía fueron el 14 % de los casos -inferior al año anterior-, algo más del 9,5 tras partes de lesiones, un 5 % desde los servicios asistenciales De las víctimas, 27.648 mujeres eran españolas (un 67,9) y 13.070, extranjeras (32,1).
En cuanto a la ratio de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, por encima de la media nacional (situada en 17,1), están Baleares -con 30,35-, Murcia -22,94-, Comunidad Valenciana -21,89- y Cantabria -20,43-, mientras que la ratio más baja se dio en Extremadura -9,78-, seguida de Castilla y León -10,48- y Galicia -10,72-.
En este tercer trimestre del año, se detecta un aumento de los menores enjuiciados por delitos cometidos en el ámbito de la violencia contra la mujer, que son 43 (de ellos 32 españoles) frente a los 37 del tercer trimestre de 2017.
Según la estadística, las mujeres que se acogieron a la posibilidad legal de no declarar como testigos fueron 4.453, un 10,9 por ciento de las víctimas , cifra ligeramente superior al mismo trimestre del año anterior (10,2).
En 2.722 de esos casos eran españolas y en 1.731, extranjeras. Si se pone en relación esas cifras con el total de mujeres víctimas, es superior la ratio de mujeres extranjeras víctimas que se acogen a la dispensa a la obligación de declarar como testigo, el 13,24, que españolas, 9,85.
Los juzgados de violencia sobre la mujer solicitaron 10.257 órdenes de protección (que incluyen también las medidas de protección y seguridad de las víctimas), casi un 5 por ciento más que las solicitadas en el tercer trimestre de 2017, que fueron 9.775. De las solicitadas, fueron concedidas 6.966, dato dato similar al del tercer trimestre del año anterior.
De las órdenes de protección solicitadas, eran menores 219 (el 2 por ciento). Un 68 %, españolas y un 32 %, extranjeras.
En los juzgados de guardia fueron 1.570 (se acordaron 1.171). Siete de cada 10 víctimas eran españolas.
Siguen aumentado las medidas judiciales civiles y penales de protección. En ese periodo, hubo 4.378 medidas civiles de protección de mujeres y menores víctimas de la violencia de género (3.760 medidas adoptadas el año anterior).
De ellas, fueron medidas de atribución de la vivienda 1.223 y de prestación de alimentos 1.419. En 308 casos, se ha procedido judicialmente a la suspensión de la guarda y custodia y en 197 casos a la suspensión del régimen de visitas.
En cuanto a medidas penales de protección se acordaron 17.044 (frente a 15.473 del mismo trimestre del año anterior), como órdenes de alejamiento (6.638 casos) y prohibición de comunicación (6.430), además de 354 medidas privativas de libertad.
La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, ha valorado «el importante aumento de las condenas a maltratadores, de las medidas civiles y penales tendentes a la protección de las víctimas, tanto mujeres como menores, así como el mantenimiento del porcentaje de órdenes de protección concedidas».
También ha destacado el descenso de las víctimas y ha reclamado una mayor implicación de su entorno, «a la vista del escaso número de denuncias presentadas por familiares de las mismas».