Patronales y sindicatos unidos contra el Govern en los tribunales. Las elevadas reclamaciones económicas del Ejecutivo por subvenciones mal justificadas para formación y empleo han desembocado en media docena de sentencias ante el TSJB en las que están encima de la mesa más de dos millones de euros. En todos los casos es dinero que las entidades recibieron hace casi una década y que, según el SOIB y la Conselleria de Treball, no justificaron en su momento.
Uno de los argumentos de la Administración para reclamar la devolución es que las entidades subcontrataban las actividades y no justificaron los motivos. La Sala de lo Contencioso del TSJB ha resuelto ya recursos de la CAEB, PIMEB o UGT contra los expedientes del Govern. La mayoría han terminado con sentencias favorables a la Administración. La última se refiere a dos expedientes abiertos a la CAEB. En cada uno se reclamaban más de 700.000 euros por subvenciones del año 2008 que no fueron justificados en su momento.
Uno de los dos fue considerado prescrito por el juzgado de lo Contencioso que resolvió en primera instancia el recurso. El otro sigue adelante, aunque el TSJB ha admitido de forma parcial el recurso de la CAEB. Será en la fase de ejecución de sentencia donde se fije la cantidad exacta que tendrá que devolver la patronal, a quien se reclamaban 864.766 euros, de los cuales, 220.000 corresponden a intereses.
Los expedientes de reclamación de cantidad por parte del Govern arrancaron en torno al año 2013 y se han concretado en resoluciones del actual conseller, Iago Negueruela, en 2016.
El Govern explica en este procedimiento que realiza la reclamación porque «la CAEB no ha acreditado la aportación de valor añadido por las subcontrataciones efectuadas en la actividad, de manera que no puede admitirse el incremento de coste». La sentencia admite en parte ese argumento pero discrepa sobre algunas de las cantidades. Entre otras de las partidas que se tendrán que fijar en la sentencia está la de dirección, coordinación y administración de los cursos.
La CAEB justificó en ella 253.000 euros y el Govern sólo acepta 172.000 porque estaba limitada a un 20 por ciento del total. Además de esta sentencia, se han dictado dos a recursos de PIMEB, otras dos por la UGT y varias por entidades dedicadas a los cursos de formación.