El Consejo de Ministros ha acordado este viernes autorizar al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo -a través de la Secretaría de Estado de Turismo- a suscribir un convenio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la concesión de financiación y garantías a operaciones del sector turístico en la línea 'ICO Empresas y Emprendedores'.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, asegura que este acuerdo completa el paquete de medidas que el Gobierno aprobó con carácter de urgencia para atender las necesidades del sector turístico español tras la quiebra de Thomas Cook, un cierre que impactó principalmente en Baleares y Canarias.
«Con ambos Gobiernos autonómicos hemos firmado sendos convenios para desarrollar acciones que permitan tanto la recuperación de la conectividad como la mejora y diversificación de la oferta turística en ambos archipiélagos», explicó la ministra.
El Real Decreto-Ley 12/2019, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo Thomas Cook, establece un conjunto de medidas destinadas a mitigar las consecuencias negativas en el sector turístico español y a mantener la actividad y el empleo.
En el artículo 4 se instruye al Gobierno para que apruebe una línea de financiación de hasta 200 millones de euros para atender las necesidades financieras de los afectados.
Así, el convenio autorizado este viernes por el Consejo de Ministros prevé que el ICO formalice contratos de financiación y garantía con las entidades financieras adheridas a la línea 'ICO Empresas y Emprendedores', poniendo a disposición de dichas entidades financiación por un importe global de 200 millones de euros, incluyendo una garantía del 50% del riesgo de los clientes que disminuye el nivel de garantías que los bancos exigen a este tipo de operaciones.
Esta línea permite atender las necesidades financieras de los afectados por la insolvencia del grupo empresarial británico y atenuar el impacto de ese proceso concursal en la tesorería de las empresas afectadas, «teniendo en cuenta las importantes derivadas sociales, sectoriales y territoriales».
Asimismo, permite evitar efectos de segundo orden sobre proveedores y suavizar el ajuste necesario, «permitiendo una normalización gradual de los niveles de caja».