El Govern balear ha celebrado este lunes su primera reunión para aplicar este año la eutanasia en Baleares y, en concreto, ha creado un grupo de trabajo específico para desarrollar esta nueva ley en la comunidad autónoma. La ley de la eutanasia, que permitirá solicitar ayuda médica para morir, entrará en vigor en España el próximo 25 de junio.
La Conselleria de Salud y Consumo ha dado el visto bueno a este grupo de trabajo que establecerá de qué modo y en qué condiciones se implementará la prestación de la eutanasia en Baleares.
En esta primera reunión, celebrada la sede de la Conselleria de Salud y Consumo en Palma, el grupo de trabajo ha comenzado a desarrollar el borrador del decreto de creación de la comisión de garantías y evaluación del derecho a la prestación de ayuda para morir en las Islas Baleares.
Este grupo de trabajo está compuesto por el director general del Servicio de Salud, Juli Fuster; el director general de Prestaciones y Farmacia, Nacho García; la secretaria general de la Conselleria de Salud y Consumo, Guadalupe Pulido, y representantes del Departamento Jurídico de la Conselleria.
El Servicio de Salud será el responsable de llevar a cabo la formación de los profesionales, el registro de objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y la divulgación del contenido de la Ley para la población general.
La ley, que regula el derecho a la eutanasia para quienes sufran «una enfermedad grave e incurable» o un «padecimiento grave, crónico e imposibilitante» que afecte a la autonomía y que genere un «sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable», establece que la entrada en vigor tendrá lugar tres meses después de su publicación en el BOE el 25 de marzo.
En este periodo las comunidades autónomas deben crear sus respectivas comisiones de garantía y evaluación, órganos formados por personal médico, de enfermería y juristas que se encargarán de analizar todas las solicitudes de eutanasia y autorizar o denegar cada caso. El pleno del Congreso de los Diputados dio luz verde a esta ley el pasado 18 de marzo con el rechazo del PP y de Vox.
La norma, impulsada por el PSOE, legaliza la eutanasia y regula el proceso para solicitar y ejecutar la ayuda médica para morir, que se incluye como una prestación de financiación pública en el Sistema Nacional de Salud.