Un total de 500 enfermeras y fisioterapeutas han demandado al IB-Salut por el impago de la carrera profesional, ha informado el Sindicato de Enfermería de las Islas Baleares (Satse).
Se trata de una nueva demanda colectiva en el Juzgado Contencioso-Administrativo con las reclamaciones de 500 enfermeras contra una resolución de la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas de julio de 2017.
Esta resolución aprobó el listado definitivo de carrera profesional; por un lado, reconoce el grado de carrera al personal temporal y, al mismo tiempo, indica que sólo cobrarán el 25 % del Nivel I, lo que supone una «evidente discriminación» respecto al personal fijo.
A finales de 2017, más de 700 enfermeras y fisioterapeutas interinos y temporales representados por el Sindicato de Enfermería demandaron al IB- Salut por discriminación al no reconocerles económicamente la carrera profesional.
Después de tres años de recursos, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) condenó a la comunidad autónoma a satisfacer las cantidades íntegras que deberían haberse percibido en igualdad de condiciones con el personal fijo, y a retribuir en adelante el complemento de carrera del personal temporal al 100 %.
Las sentencias fueron notificadas en octubre de 2019 y en febrero y abril de 2020.
A pesar de las sentencias previas y de la jurisprudencia generada en el Tribunal Supremo que avala la igualdad de derechos entre personal temporal y trabajadores fijos, el Ib-Salut «sigue sin abonar» el complemento de carrera ni las cantidades atrasadas.
Por ello, el Satse presenta una nueva demanda colectiva, agrupando esta vez a 500 enfermeras y fisioterapeutas.
El secretario general autonómico de Satse en Baleares, Jorge Tera, asegura que lo que se pretende con estas demandas es «evitar la discriminación entre fijos y temporales», aunque el objetivo final es acabar con la temporalidad de los contratos».
«No podemos permitir -afirma Tera- que el 50 % de la plantilla del IB-Salut sea temporal, y que esta situación se mantenga para intentar ahorrar costes a cuenta del profesional».
Satse confía en que la justicia «solucione esta situación y acabe con esta discriminación», y se retribuya la carrera profesional en igualdad de condiciones.