El pleno del Parlament ha aprobado este martes el proyecto de ley de medidas extraordinarias y urgentes para ejecutar las actuaciones y proyectos que se han de financiar con fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Antes de debatir el dictamen del proyecto de ley, se han debatido y votado votos particulares de los grupos socialista y de Podemos, (sobre las enmiendas del PP reclamando una comisión permanente de control), para recuperar los artículos 4, 5 y 13 del decreto, que habían decaído en su votación en la comisión de Hacienda.
El debate se ha producido tras un receso de 20 minutos a petición del grupo mixto por un acuerdo. La votación ha sido ajustada: los votos particulares socialistas han contado con 28 votos a favor y 27 en contra; el artículo 4 con 28 apoyos, 21 votos contrarios y 6 abstenciones, y los artículos 5 y 13 con 30 votos a favor y 25 en contra.
El conseller de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, Miquel Company, ha explicado que uno de los objetivos de su departamento es que la comunidad pueda captar el máximo de fondos europeos para impulsar proyectos transformadores para un modelo económico más digital y resiliente, y la norma aprobada se dirige a ayudar a agilizar la tramitación de proyectos siguiendo el calendario europeo para que el máximo se puedan beneficiar de fondos europeos.
Ha resaltado que permite reducir plazos y trámites y agilizar también la contratación del personal necesario y facilitar la incorporación inmediata de los fondos que están asignados ya a Baleares. «Esta iniciativa es totalmente necesaria», ha dicho Company.
Los diputados socialista, Jordi Marí, y de Podemos, Esperança Sans, han defendido la legitimidad de la presentación de votos particulares porque la votación en las comisiones «no es ponderada».
El portavoz del PP, Antoni Costa, ha acusado al Govern de haber entrado en «pánico» con los cambios al decreto aprobados en la comisión de Hacienda y a los grupos del pacte de hacer todo lo posible para evitar el más mínimo cambio del texto del decreto ley, obligando a sus diputados a hacer «un paperot» y quedar «a la altura del betún».
«Ustedes no quieren pactar nada», ha acusado a los grupos del pacte y ha dicho que solo lo hacen cuando «se les cae el chiringuito» y se aprueba en comisión una enmienda del PP.
Ha recalcado que el único objetivo de sus enmiendas era incrementar el control de la gestión de los fondos europeos, algo a lo que se opone «la bancada de la izquierda» porque «ya controla» la presidenta Francina Armengol.
La portavoz de Cs, Patricia Guasp, ha criticado el «rodillo» aplicado a todas sus enmiendas, con las que solo aspiraba a una mayor participación en la gestión de los fondos europeos dando voz a expertos y ha lamentado la tramitación del decreto como proyecto de ley que ha tildado de «atropello institucional».
«Lo vivido hoy es un insulto al trabajo legislativo y una falta de respeto a este Parlament que representa la voluntad de la sociedad balear», ha lamentado. Guasp ha reclamado una oficina de fondos europeos «técnica y de alto nivel» y «sin cargos afines».
El portavoz de El Pi, Josep Melià, ha defendido la postura de la oposición de reclamar más herramientas de control con remisión de informes al Parlament sobre la gestión de los fondos europeos.
La diputada de Vox Idoia Ribas ha tildado de innecesaria la Conselleria de Fondos Europeos, ha señalado que se tenía que reforzar la estructura técnica «pero no la política», y ha acusado al Govern de «apartar al Parlament de su función de control» en la gestión de esos fondos. Ribas ha acusado a los grupos del pacte de convertir el Parlament «en una nueva consejeria».
El diputado del grupo mixto Josep Castells (MÉS per Menorca) ha manifestado su apoyo a los votos particulares del pacte que mantendrán los artículos 4,5 y 13 porque ha llegado a acuerdos para modificarlos con enmiendas.
El también diputado del grupo mixto Antonio Sanz (Gent x Formentera-PSIB) ha apoyado los votos particulares de PSIB y Podemos «para poder defender las enmiendas planteadas por el Consell de Formentera» mediante negociación y acuerdos, algo que no pudo hacer en comisión.
Sobre la comisión parlamentaria de control, la rechaza porque «se trata de agilizar la transición digital, ecológica y energética».
La diputada de MÉS per Mallorca Joana Aina Campomar se ha comprometido a trabajar para que «no se desvirtúen» los objetivos de los fondos «Newt Generation» de mejorar el modelo productivo y ha recalcado que «suponen la oportunidad de un futuro de transformación económica».
Sobre la petición de una comisión parlamentaria permanente, Campomar ha recordado las vías de control ya existen en el Govern y supondría incrementar la burocracia innecesariamente, cuando hace falta «centrar los esfuerzos administrativos precisamente para dar salida a los fondos».