Síguenos F Y T I T R

«La persona que pide la eutanasia debe estar en plenas condiciones»

Yolanda Muñoz es la presidenta de la Comisión de Garantía y Evaluación que garantiza la prestación de ayuda para morir

Yolanda Muñoz, enfermera, posa en una travesía de la plaza de España. | Pere Bota

| Palma |

Considera que morir es la cara B de la vida. Y tampoco duda que, como pasa con los nacimientos, hay fallecimientos que deben ser provocados. Son reflexiones que comparte Yolanda Muñoz que, aparte de enfermera –de profesión y vocación–, es la presidenta de la Comisión de Garantía y Evaluación de la prestación de ayuda para morir de Baleares desde el año pasado, tras la aprobación de la primera Ley de la eutanasia. Se siente orgullosa formar parte de este órgano, porque además su carrera laboral se ha enfocado en el ámbito de los Cuidados Paliativos. Ha acompañado a gente a morir, y aunque celebra que España sea el sexto país del mundo en legalizar la prestación, no entra a valora si la norma ha llegado pronto o tarde. Hasta la fecha, ocho personas en las Islas han recibido esta ayuda para dejar la vida.

¿Qué le lleva a ocupar la presidencia de la Comisión?

—Yo estoy en la Conselleria de Salut, en el servicio de Planificación Sanitaria. Estoy en esta plaza por un perfil en concreto, que es tener un máster en bioética para dar respuesta a funciones que tiene esta unidad, como la coordinación del área técnica de ética asistencial, un requisito que está dentro de la Ley de la Eutanasia. Tras la aprobación de la prestación a morir, y con el mandato de la creación del órgano, donde entro como miembro, es cuando la presidencia recae sobre mí, por el perfil que tengo. Y lo llevo con mucho orgullo y me siento privilegiada.

Las previsiones que dio Salut eran unas 80 peticiones al año, pero han sido muchas menos (17).

—Era una estimación hecha a partir de los datos de lo que declaraban los países donde ya la ley tiene historia. Apuntaba a lo máximo, pero en ningún momento hemos hecho una valoración de haber recibido menos de lo que esperábamos, sino que era un dato que teníamos para hacer una previsión de recursos. Los porcentajes son distintos entre Islas [las muertes con la eutanasia representaron un el 0,12 % de las defunciones] pero un caso en poblaciones pequeñas te hace variar ese porcentaje de una manera muy gráfica.

¿Qué sintió al acompañar a personas en su proceso de final de vida?

—Hay que distinguir la Atención Paliativa, que acompaña a morir pero sin provocar la muerte, a la muerte mediante la prestación de la eutanasia, que ahí sí que participas. En mi caso, en Atención Paliativa acompañé a muchas personas. Morir es un proceso y en ese proceso pueden haber intervenciones muy distintas. Yo he trabajado en ese servicio doce o trece años y sigo muy vinculada desde hace veinte. Es distinto hacerlo con una persona joven que de edad avanzada; es distinto hacerlo con una familia que acepta el proceso a una que no; o cuando hay tiempo para prepararse para ese final...¿Qué sentía? Sonará muy frío pero sentía que hacía bien mi trabajo y mi trabajo era ese: acompañar al final de la vida de la manera más fácil para todas las personas implicadas.

¿Usted tiene la última palabra en la Comisión de Garantía y Evaluación?

—Yo nunca tengo la última palabra. Es un trabajo de la propia Comisión, donde primero es valorada por un jurista y un médico. En caso de no llegar a un acuerdo, la solicitud pasa al pleno del órgano y es ahí donde se toman las decisiones. Yo solo tengo funciones. Y en caso de reclamación, elevo el trámite y lo traslado a la comisión. Ahí tendría un voto de calidad, que sirve para desempatar la votación.

Usted dijo que no se han registrado problemas con la objeción de conciencia. Pero a día de hoy no se ha creado un registro. ¿No puede afectar esto a la calidad?

—Para nada. Lo que nos va a posibilitar el registro es saber cuántos profesionales objetores de conciencia tenemos en las Islas. Pero la posibilidad de objetar se tiene, y de hecho se ha establecido que el profesional que quiera declararse así basta con que se lo comunique a su responsable del servicio, quien registrará o archivará esta declaración. A partir de ahí, no hay más problemas.

En su día, con la ley del aborto, hubo problemas con los objetores por no haber un registro.

—No sucedió en Balears. Lo que pasó es que servicios enteros de Ginecología y Obstetricia se declaraban objetores de conciencia. Hay un matiz que diferencia mucho a la cuestión de la eutanasia y es en el otro caso es una especialidad. La cuestión es más compleja en el tema de la prestación porque cualquier médico puedo asumir el rol responsable y los consultores son especialistas en la situación del paciente. En este caso, es más difícil que tengamos situaciones como las que han vivido CC.AA con la irrupción del embarazo.

¿Ya hay profesionales formados?

—El programa formativo no está desarrollado en Balears todavía, pero sí que ha habido sesiones de sensibilización a los profesionales en las que se despliega la ley de la eutanasia. Estas sesiones agotaron sus convocatorias en Mallorca, Menorca e Ibiza. Fue una respuesta muy positiva. También se han hecho reuniones, actividades y hemos puesto mucho esfuerzo en analizar qué dice la normativa y sus requisitos. La formación todavía la está perfilando el Ministerio, que creará un módulo muy específico.

¿Alguien conocido le ha pedido que le ayude a morir con la eutanasia?

—No.

¿Cree que estamos preparados para morir?

—¿Y qué es estar preparado? Al final, lo vas a tener que afrontar. La muerte no esquiva a nadie. Lo primero que se garantiza para la persona que pide la prestación es que lo haga en plenas condiciones de su capacidad de voluntad, y que dicha voluntad se manifiesta sin restricciones. Son personas que quieren morir, no es fruto de un momento de desesperación que con una ayuda cambiarán de opinión.

Lo más visto