Més per Mallorca ha roto con el PSIB por el decreto que exonera del catalán a sanitarios en el plan de estabilización de interinos. El Govern se ha negado a cambiar el decreto y los ecosoberanistas ya preparan su respuesta, que muy probablemente será la salida del Ejecutivo de los cargos que ocupan en el departamento de política lingüística. Se da por hecho que la directora de Política Lingüística, Beatriu Defior, presentará su dimisión, pero no se sabe si la renuncia se extenderá también al secretario autonómico, Miquel Àngel Sureda.
La ruptura entre ambos se ha confirmado este martes, después de que la consellera de Presidència, Mercedes Garrido, comunicara al coordinador de Més, Lluís Apesteguia, que no habrá cambios en las bases del plan de estabilización. La cúpula de Més per Mallorca volverá a reunirse de nuevo esta semana para concretar la respuesta. Los socialistas no están dispuestos a cambiar las bases de antemano y aseguran que, en todo caso, serán los servicios jurídicos quienes resuelvan sobre los recursos que ya han anunciado la OCB y el STEI.
La portavoz del PSIB en el Parlament, Pilar Costa, ha insistido en que la decisión debe ser jurídica, no política y ha recordado que la ley aprobada en 2016 recoge excepciones al conocimiento del catalán cuando hay falta de sanitarios en algunas especialidades. Ha remarcado que serán los juristas quienes decidan sobre el recurso, «que se tiene que resolver en base a criterios jurídicos, no políticos». Més no piensa lo mismo. El diputado Joan Mas ha asegurado que no se trata de un asunto jurídico, sino político. «La pelota está en el tejado del Govern porque aún no estamos en los tribunales», ha afirmado.
Decisión política
«Es una decisión que deben tomar, como todo en política, los políticos, que son quienes pueden cambiar las bases que aprobaron en función de los argumentos jurídicos que le dan los recursos de la OCB y del STEI», ha resaltado. Podemos se ha pronunciado este martes por primera vez sobre este asunto y ha apoyado las exigencias de Més. «Si la exoneración del catalán limita el derecho ciudadano a ser atendido en catalán es un error. Este Govern no puede recortar derechos», ha reclamado la vicepresidenta del Consell Aurora Ribot.