El sector inmobiliario ha aplaudido la movilización estatal de 50.000 viviendas de la Sareb para facilitar el alquiler asequible, si bien advierte de los importantes problemas a solventar antes de que puedan llegar a ponerse a disposición de los ciudadanos: la mayoría de los 447 inmuebles que corresponden a Baleares se encuentran en estado de degradación o incluso okupados y tampoco está claro en cuánto se puede traducir esa inversión en términos de tiempo y dinero.
«La noticia es fantástica pero tardía: hace unos años había más y mejores viviendas en la bolsa de la Sareb». José Miguel Artieda, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad (APIS) de Baleares, cuestiona «la efectividad de la medida o la manera en que van a articularla» por las problemáticas que estos inmuebles plantean. «La mayoría no está en condiciones de habitabilidad hoy día y el Govern debe permanecer fieles a sus propios principios de proporcionar vivienda digna».
En ese sentido, señala que se trata de un contexto complicado que la ley de vivienda en ciernes puede empeorar, ya que, opina Artieda, el texto desincentiva la inversión privada cuando esa constituiría precisamente una vía obvia para el reacondicionamiento del parque inmobiliario. «Se requiere una gran inversión y no solo de dinero para la rehabilitación, sino de tiempo para el desalojo de posibles okupas».
En la misma línea se expresa el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios (Proinba), Luis Martín, quien insiste en la idea de que la medida debería haberse tomado «hace cuatro años». Asimismo, señala que «se requiere una gestión pública muy importante y ya sabemos que aquí no es muy ágil. ¿Cuánto dinero se va a necesitar para cada reforma?¿100.000 euros o más? Va a ser complicado. Y también está el problema técnico-financiero de la compensación a los bancos».
Precisamente la ley de vivienda es vista de nuevo como otro de los escollos, esta vez en el caso de los okupas, ya que el texto recién acordado «les otorga un plazo de dos años para seguir allí si quieren». Por otro lado, Martín se refiere al caso de las casas fuera de ordenación que en su día fueron expropiadas, la mayor parte en la Part Forana, y que a día de hoy «son irrecuperables como vivienda».
Tanto la presidenta del Govern, Francina Armengol, como el portavoz, Iago Negueruela, destacaron que se trata de una buena noticia aunque el conseller reconoció que les hubiera gustado que llegara antes. «Es la primera vez en la historia que esto pasa y lo hace un gobierno progresista. ¿Que nos gustaría que hubiese llegado antes? Sí», dijo. El Govern no conoce aún el alcance de la cesión anunciada por Pedro Sánchez a la espera de ver qué aprueba el Consejo de Ministros en su reunión de hoy.
Sobre la posibilidad de que las viviendas que se cedan no estén habitables, como ya pasó con los primeros 19 pisos que cedió la Sareb al Govern, el conseller pidió esperar a ver qué viviendas llegan. «Si hay que hacer esfuerzos en reformarlos, se harán. Se harán todos los esfuerzos para que lo antes posible lleguen a nuestros habitantes», aseguró.
El conseller señaló que el Govern ya trabaja para poder aplicar cuanto antes las medidas re cogidas en la ley de vivienda, «Son urgentes y, en cuanto se apruebe la ley, se pondrán en marcha inmediatamente», afirmó Negueruela.
El Govern y la Sareb ya llegaron a un primer acuerdo de cesión en el año 2015, nada más llegar al poder Francina Armengol, pero los primeros 19 cedidas estaban en malas condiciones. El Govern también ha comprado otros activos a esta entidad. Asimism, a las viviendas que presentaban mejores condiciones se les dio salida hace años, de ahí que la mayor parte de las restantes se encuentren deterioradas y/o en zonas degradadas de barrios como Son Gotleu, que aglutina una gran parte de la bolsa palmesana.