Apasionada del baloncesto -ha sido jugadora y es entrenadora superior-, asume la titularidad de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques sabiendo el terreno que pisa. Funcionaria de carrera de la Comunidad Autónoma, Antònia Maria Estarellas (Santa María, 1968) conoce la política municipal a escala de su localidad natal, pero también sabe lo que es estar al frente a una secretaría general (Salut, 2003-06) y una direcció general (Cooperació i Inmigració, 2001-15). Estabilizar al sector público y dotar a áreas como Emergències de recursos son varios de los retos que se plantea en esta nueva etapa, aunque ahora dentro del Consell de Govern.
-Una funcionaria de carrera al mando de la Conselleria que lleva el peso de los empleados públicos de las Islas…
-Más responsabilidad de la que supone ocupar este cargo, como supone. Pero también una oportunidad para ver cosas que en tu día a día has visto que se pueden mejorar. Somos encargados de los funcionarios, los interinos, el personal laboral, las empresas públicas… Un plus de responsabilidad, pero también esa ocasión que refería.
-Incluso un escenario clave en la coordinación del propio Govern.
-Tenemos un trabajo menos visible que la de otras Consellerias que tienen unas carteras muy determinadas. Y una responsabilidad destacada es la coordinación de la responsabilidad de Govern, ejecutando el programa y dando soporte al Consolat y al Consell de Govern. Es una labor muy logística.
-Estando al frente de Transparencia, ¿cuál es el grado de la misma en la administación autonómica y qué objetivo se quiere alcanzar sobre ella?
-En este campo, hay que distinguir entre la transparencia de los cargos públicos y personal eventual, de otras normas también sujetas a ella, como procedimientos, subvenciones, etcétera. En el primer punto, se seguirá con el código ético vigente durante el Pacte, todo es público. Ese plus de transparencia se mantiene y se debe conservar. Y hemos de trabajar de cara al ciudadano en referencia a lo que se hace con su dinero, con el de todos. Incluso se prevén actuaciones en las que se permite participar a la ciudadanía en según qué tipo de proyectos. El reto es mantener la convivencia entre esa transparencia y la línea que marca la Ley de Protección de Datos, pero con el dinero público, hay que ser claros y sensatos.
-¿En qué estado a nivel de recursos humanos se encuentra el sector público de las islas? ¿Se ha sobredimensionado o debe reforzarse?
-Me da la sensación de que la ciudadanía entiende a la administración pública como un impedimento, una barrera. Piensa que por las dificultades que tienen, está sobredimensionada. Es más la percepción que la realidad. Cuando un ciudadano acude, se encuentra con un exceso de burocracia que hace que vea unas plantillas por encima de lo que toca. Inspecció de Serveis está encima para saber qué organismos hay que reforzar o adaptar. Pero uno de los grandes retos, planteado por los agentes sociales, es que nos quedaremos, a corto plazo y en unos diez años, sin una gran masa de funcionarios. Eso es, a la vez una oportunidad. Siempre he defendido que hemos de ser los que debemos, no más de los que tocan, bien pagados y bien formados. Con un aliado con son las nuevas tecnologías, que permiten interactuar y resolver procedimientos más rápida y ágilmente. Se creará una comisión en materia de centrificación administrativa.
-Esa simplificación o agilización es un compromiso electoral del Partido Popular…
-Es un deber que tenemos. Y encontraremos una doble vertiente. Por un lado, una comisión en la que estarán representados los agentes y las Consellerias implicadas; y por otra, se trabaja en diferentes perfiles que formen un consejo asesor que marque las líneas de trabajo para detectar en qué se puede mejorar. También es cierto que, hoy en día, los ciudadanos se dirigen ya de otra manera a la administración, de manera telemática, evitando esa burocracia.
-Un foco de trabajo que ha generado debate y polémica es el proceso de estabilización. ¿Cómo se debe enfocar desde este punto?
-Uno de los objetivos dentro de la EBAP y el primer compromiso es acabar los procesos de estabilización, tanto de la fase de concurso, como los que se harán de concurso-oposición. Ha sido un proceso largo, con reticencias, tensiones… Como consellera, defiendo un proceso en el que los interinos queden estabilizados. Era un compromiso que debía asumir la administración. Porque hay interinos que habían aprobado exámenes y oposiciones y no habían conseguido plaza. Las ofertas públicas habían sido limitadas durante años y era justo y de justicia dar estabilidad a un personal que estaba formado y en el que la Comunidad Autónoma ha invertido, y que así se puedan sentir tranquilos, más en un momento como el actual en el que los precios están por las nubes. Este proceso debe acabarse, es un objetivo prioritario. El otro, no volver a caer en altas tasas de interinidad que supongan que el proceso no ha logrado su meta, no podemos.
-En el caso de la lengua vehicular de la administración balear, ¿hay debate posible?
-No. La lengua vehicular ha de ser la lengua catalana propia de las Islas Baleares. Lo tenemos todos clarísimo. En sanidad se ha hecho una excepción en la parte asistencial. Cualquier ciudadano puede dirigirse a la administración desde la lengua oficial que le sea más cómoda. Esto es un derecho que tienen y un deber de la administración es dar respuesta. Pero también es obligado que la administración proteja a la lengua más débil, y en nuestro caso es la catalana. No hay discusión. Otra cosa es revisar plazas de difícil cobertura en la administración, pero como norma general, no hay debate.
-¿Hasta qué punto el acuerdo de gobierno con una formación como Vox, con una posición lingüística definida, podría condicionar su política?
-En Sanidad, 1.500 médicos habían sido eximidos del requisito del catalán. Lo que queremos son los mejores profesionales sanitarios. En Función Pública, en todas las plazas de estabilización de los interinos no se les ha pedido el requisito del catalán con un pacto entre PSOE y Més, junto al resto de fuerzas que les daban soporte. La demagogia no es adecuada en este tema. Nosotros, como Govern, con este apoyo de un acuerdo de investidura con Vox, está claro que se debe hacer un seguimiento del pacto, y si hay situaciones que lleven a revisión, se valorará. Pero eliminar el catalán de la Función Pública no está sobre la mesa.
-Dentro del campo de Emergencias, ¿cree que está suficientemente dotada ese área para dar respuesta ante fenómenos adversos graves y se debe incidir en el trabajo de prevención?
-Los incendios se apagan en verano. Y por ello se va a trabajar en limpiar bosques, torrentes y otros espacios sensibles, de la mano de Agricultura. En Emergencias, donde se está trabajando es en reforzar el tema de operaciones. Emergencias coordina, y como tal, lo que debemos saber es la cantidad de medios que hacen falta y quién los tiene. Todo lo que se haga de más, debe ser para complementar, no para duplicar. Hemos apostado por el Observatorio RiscBal, por sumar tecnología que nos ayude a tener previstas situaciones adversas… Coordinarse es la fórmula.
-¿Tienen presente completar esta legislatura el esperado proceso de internalización de los servicios informativos de IB3?
-Siempre he sido crítica en la gestión de IB3 en lo referente a la parte de personal, con un ente que no tenía cubiertos cargos directivos, ni gerente… Sobre el proceso de internalización, se llegó a un acuerdo en el que no sabemos a cuántas personas de las subcontratas afecta realmente, ni las categorías de personal… Seguiremos adelante con ello, hemos tenido reuniones entre el comité de empresa y la Direcció General de Funció Pública y se ha avanzado. Ahora, hay que trazar un calendario de actuación, que irá dentro de los presupuestos de 2024, para poder cerrar el número de personas y las categorías afectadas por este proceso y avanzar en ello. A la espera de que se concrete definitivamente el nombramiento del nuevo director general.