Los diputados del PP en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament han votado este miércoles en contra de pedir al Govern que se mantenga el requisito del catalán en toda la función pública. La cuestión, sin embargo, tendrá que abordarse en el pleno de la Cámara autonómica después de que este punto, enmarcado en una iniciativa socialista, haya acabado en empate por los seis votos a favor de los grupos de izquierda y los seis en contra del PP.
Sin embargo, sí que ha recibido el apoyo unánime de los diputados presentes instar al Govern a cumplir con el Estatut d'Autonomia para garantizar el uso normal de la dos lenguas cooficiales y a no retroceder en el uso social de la lengua y «no crear crispación ni división».
Por otra parte, el pleno del Parlament debatirá el próximo martes si toma en consideración una Proposición de Ley de Més per Menorca para modificar la ley del Consell Consultiu y que este órgano tenga que pronunciarse sobre los decretos ley antes de su convalidación o tramitación parlamentaria. La sesión plenaria, que se prevé maratoniana, comenzará a las 09.00 horas con el debate de las preguntas de control al Govern, en las que, cobrará especial protagonismo la propuesta del PP de eliminar la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción. Está prevista igualmente la comparecencia del conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, en el debate y votación del techo de gasto.
El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha defendido la necesidad de que los decretos ley pasen por el Consell Consultiu ante el «uso y abuso» de esta figura tanto en la legislatura anterior como en los primeros meses de la actual. Castells ha recordado que esta iniciativa ya fue presentada la pasada legislatura y que fue rechazada por los socios del Pacte contando con el voto favorable del PP. Por esto, ha expresado su confianza en que, de nuevo, la iniciativa cuente con el visto bueno de los 'populares'.
Por su parte, el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, aunque no ha desvelado el sentido del voto de su grupo, ha afirmado que el suyo es un partido «coherente». Para el menorquinista, la propuesta persigue dejar en evidencia las «miserias» de los grandes partidos «que en la oposición hacen una cosa y en el gobierno otra». Castells ha defendido la iniciativa «por salud democrática» y ha explicado que, a grandes rasgos, la proposición consiste en cambiar la ley del Consell Consultiu para que en los 15 días siguientes a la aprobación de un decreto ley se emita un dictamen, que no sería vinculante, antes de la convalidación o el inicio de la tramitación parlamentaria.