Un total de 454 docentes de 90 centros educativos, públicos y concertados, de Baleares han hecho un llamamiento a la reorganización de asambleas «para frenar las políticas educativas al servicio de la ultraderecha». El llamamiento se ha realizado a través de un texto que no parte de un grupo previamente establecido ni, de momento, ha sido publicado en redes sociales. Sin embargo, aseguran, en dos días ha conseguido la adhesión de concretamente 454 maestros y profesores.
A través del texto, se anima a los docentes a organizarse en asambleas de centro y «aportar argumentos que ayuden a situarnos respecto a la actual coyuntura educativa». El manifiesto, al no estar promovido por una organización específica, no prevé acciones concretas y deja la iniciativa a la que pueda desarrollar cada centro por decisión de su asamblea. Tampoco se prevé un portavoz común de cara a los medios de comunicación.
El llamamiento tiene lugar en un contexto en el que docentes de colegios e institutos de las Islas ya han mostrado públicamente su rechazo a las decisiones que el Govern está tomando en materia educativa. Para los docentes que apoyan el texto, «el elevado número de adhesiones recogidas en tan poco tiempo puede ser un termómetro de la preocupación entre docentes por las agresiones dialécticas que han empezado a sufrir el sistema educativo y los maestros y profesores».
Paralelamente, la Xarxa contra la Segregació Escolar a Palma ha denunciado que «el nuevo decreto de escolarización obvia la grave problemática de segregación escolar y propone medidas que la intensifican». La Xarxa recuerda que el 22 % de los centros escolares de Palma supera la cantidad máxima de alumnado con Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE).
Al respecto de todo ello, se ha manifestado este miércoles la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien ha querido lanzar «un mensaje de tranquilidad. No se ha roto ningún consenso ni habrá segregación escolar. Todo eso son mentiras de la izquierda. No habrá segregación porque no la permiten el Estatut, la Llei de Normalització Lingüística, el Decret de Mínims y la Llei d'Educació, y no habrá ninguna modificación legislativa. No habrá dos líneas educativas. La cuestión lingüística queda igual, en manos de la autonomía de centros. Previa consulta con la comunidad educativa, la última palabra respecto al plan piloto de usos lingüísticos en los centros la tendrán los equipos directivos».
EN PEPÊT GONELLAQue se aplique el artículo 18, empecemos por ahí, en la primaria. Después que se modifique lo que haya que modificar si hay mayoría y si no la hay pues nos quedamos igual, pero el artículo 18 que se aplique. La Constitución, desde luego, no es necesario modificarla para aumentar la cuota de asignaturas en castellano. No hablamos de eliminar el catalán, simplemente hablamos de eliminar la inmersión lingüistica que deja al castellano un lugar muy residual. Para hacer un 50-50% o un 60-40% no hace falta modificar la constitución. Esto es muy razonable.