Una veintena de cargos y asesores tienen pendiente informar de su patrimonio

Hasta 23 cargos –ningún conseller o consellera– y asesores del    Govern no han presentado sus declaraciones patrimoniales según confirmaron este martes fuentes del Ejecutivo después de que el diputado del PSIB Ares Fernández informara en el pleno del Parlament de que había 39 personas que no lo habían hecho o que lo habían hecho de manera incompleta. Según el Ejecutivo, de estos 23, seis todavía están en plazo. La consellera Estarellas dijo que «en los próximos días» estarán publicadas todas.

Respecto al dato aportado por el PSIB –el mismo día en que PP y Vox rechazaron su enmienda a la totalidad para evitar el cierre de la Oficina Anticorrupció y una reforma legal que cambiará la legislación sobre transparecencia–, desde el Ejecutivo se precisó que si bien es cierto que esas declaraciones no habían sido publicadas en el Portal de  Transparencia de la Conselleria de Presidència, sí se presentaron en otras instituciones. Según Ares Fernández y Marc Pons, ambos del PSIB, eso no minimiza el alcance de su denuncia ni mucho menos que se rebajen (según el PP no es así) los controles de anteriores legislaturas.

Eliminar trámites

De acuerdo a la versión del PP, todas las funciones y obligaciones de la Oficina Anticorrupció (ante las que se presentaban todas las declaraciones y ésta la difundía) quedarán cubiertas, a través de un registro de actividades, intereses, renta y patrimonio de los cargos públicos. Los expedientes abiertos en la Oficina Anticorrupció pasarán a la Inspección General de Servicios, dependiente de la Dirección General de Función Pública; mientras, los cerrados quedarán en custodia en el Parlament.

Según Marc Pons, «el Govern no cree en la transparencia y se ha puesto a eliminar todos los controles internos y externos». Recordó todos los casos de corrupción que han afectado al PP desde 1983 y afirmó que «volvemos a esa época». Y enlazó con una propuesta que la presidenta Prohens ha situado entre sus prioridades: la de «simplificación administrativa». Eso pasa por cambiar el funcionamiento de organismos como la Comissió de Medi Ambient. Un comentario del presidente de los promotores en una reunión a la que asistió Prohens sobre la necesidad de «quemar» esa comisión,    suscitó tres preguntas. «Yo lo hubiera dicho de otra manera aunque está claro que hay que clarificar la normativa», aseguró la consellera    Marta Vidal.