El caso de mordidas en contratos firmados durante los peores meses de la pandemia que investiga la Audiencia Nacional afecta a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. Al parecer al asesor del ministro José Luis Ábalos actuó como comisionista y se aprovechó de su influencia para que diversas administraciones socialistas compraran material a esta empresa. El Govern firmó con ella un contrato para la compra de mascarillas durante los primeros meses de la pandemia. Esta es una guía para entender qué se investiga y qué está pasando ahora con la crisis política que se está viviendo en las Islas.
¿Quién hizo la oferta?
El Ministerio de Trabajo se puso en contacto con el Govern balear porque una empresa había fletado un avión de China cargado de mascarillas. Eran momentos en los que resultaba muy difícil conseguir material y en la que las propias comunidades autónomas llegaban a pujar entre ellas por conseguir mascarillas y otro material sanitario, así que el Govern aceptó. Sin embargo, aún no está claro quién llamó del Ministerio y quién cogió el teléfono en Baleares.
¿Participó Armengol?
Es lo que quiere saber el PP. El PP sospecha que detrás de la llamada están el ministro José Luis Ábalos o su asesor investigado por la Audiencia Nacional, Koldo García y quieren saber si la recibió Armengol. El PSIB no aclara por ahora quienes fueron los protagonistas, si bien señala que el Govern habló con todos los ministerios y Armengol, también.
Llegaron otras mascarillas
Las mascarillas llegaron el 29 de abril a las Islas y comenzaron a repartirse entre los centros sanitarios, según acredita el informe del Govern que detalla la operación. Mientras tanto, diversos servicios técnicos, incluidos los del Ministerio de Trabajo, verifican la calidad del material y es aquí cuando empiezan a ver los primeros problemas: el análisis técnico demuestra que las mascarillas no son FFP2, sino quirúrgicas. El Govern decidió almacenarlas y no hacer uso y han permanecido desde entonces en ‘stock' en almacenes del IB-Salut.
El precio: de 0,42 a 2,5 euros
El Govern pagó 2,5 euros por cada una de las 1,4 millones de mascarillas que compró a la empresa proveedora, pero su precio era de 0,42 euros ya que no tenían las características de una FFP2. Eso supone que el Govern pago 3,7 millones de euros por algo que en realidad costaba 1,1 millones. Es decir, se pagó un sobreprecio de 2,6 millones por el material que llegó desde China y que quedó almacenado.
Primer aviso: Anticorrupción
La Oficina Anticorrupción investigó la compra de material durante la pandemia y avisó de que el máximo responsable de esta empresa, José Ángel Escorial Senante, aparece en el ‘caso de los Papeles de Panamá' como administrador de Delta Advisory and Management Services Limited, y de Arce Investment Consulting Límited, así como de Malta Capital.
Segundo aviso: Guardia Civil
El segundo aviso que pudo levantar sospechas llegó en julio de 2022, cuando agentes de la Guardia Civil se personaron en las oficinas del IB-Salut para pedir toda la documentación relacionada con esta empresa. La operación se hizo a instancias de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y la recogida de información se produjo el 19 de julio de 2022.
Primer informe: marzo de 2023
El PSIB entregó un informe en el que figura que la primera reclamación a la empresa para que devolviera el dinero cobrado de más es del mes de marzo de 2023, casi tres años después de que se descubriera que las mascarillas que llegaron a pagarse a un precio muy superior al que tienen. El actual Govern asegura que este informe no figura en el expediente.
El 6 de julio de 2023
El Govern afirma que tiene constancia de un informe que pide la devolución del dinero que no se firmó hasta el 6 de julio de 2023, el día que se eligió presidenta a Marga Prohens y cuando el Ejecutivo de Armengol ya estaba en funciones y sabía que no seguiría.