La Abogacía de la Comunitat Autònoma, eso es el servicio jurídico del Govern, se ha quedado al margen de todo el proceso de reclamación administrativa –ya caducado y sustituido por un proceso de nulidad– a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. Todos los pasos que se han dado –no así el fallido intento de recurrir a la vía penal al considerar la Audiencia Nacional que el Govern no era parte afectada– han sido sin informes previos.
No es una opinión del PSIB, que viene defendiendo esta tesis desde el principio, sino una respuesta del propio Govern, concretamente de la consellera de Presidència, Antonia Estarellas.
«La Abogacía de la Comunitat no ha emitido ningún informe jurídico sobre la posible caducidad (o no ) del expediente administrativo de reclamación parcial de cuantía en la compra de las mascarillas FFP2/KN95 a Soluciones de Gestión», indica la breve y concisa respuesta a una pregunta parlamentaria de la diputada Pilar Costa.
Hace unos días, el director del IB-Salut, Javier Ureña, también dijo que había desistido de la primera reclamación sin informe jurídico.
El PSIB aprovechará esta respuesta para profundizar en su estrategia ante la comisión investigadora que quedará constituida este martes en el Parlament: centrarse en la responsabilidad del Govern actual. Según dijo ayer el socialista Iago Negueruela, «todos los tiempos y las actuaciones coinciden con lo que refleja el auto de la Audiencia Nacional».
Pero no todos piensan igual. Tampoco en las filas de la oposición. Así, el coordinador de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, (que también formará parte de la comisión), dijo: «No se investiga un contrato ni el estado de una reclamación, lo que se investiga es un caso de corrupción del PSOE que puede alcanzar a su ex secretario de Organización y ex ministro de Transportes», en referencia a José Luis Ábalos. Según Apesteguia, eso no quiere decir que no le interese saber qué paso durante la etapa Prohens y añadió que quieren conocer «todas las respuestas».
El portavoz popular, Sebastià Sagreras, sigue defendiendo que el expediente no ha caducado –aunque ha caducado desde el momento en que se inicia otro, concretamente de desistimiento por nulidad– y afirma que lo que hay que saber es «quién habló con quién».
Sagreras, sin dar más detalle sobre sus sospechas, retó este lunes a Iago Negueruela: A ver si es capaz de decir que en los próximos días no saldrán grabaciones que revelen qué persona del Govern atendió a las llamadas» de Koldo García y su entorno.