La oposición cargó este miércoles contra el anuncio de que el decreto que permitirá la legalización de construcciones ilegales en rústico posibilitará que las viviendas legalizadas puedan destinarse con el tiempo al alquiler vacacional. La norma que prepara el vicepresident del Govern, Antoni Costa no está cerrada, como ayer reconoció la portavoz del PP, Marga Durán, pero el Ejecutivo trabaja en restringir durante al menos cinco años la posibilidad de que las viviendas se comercialicen turísticamente.
El decreto se aprobará muy probablemente la próxima semana y quienes se acojan a esta medida deberán pagar una multa, cuya cuantía tampoco está cerrada. La opción más probable es que la multa sea del 15 % del valor de la obra realizada ilegalmente, pero el Govern estudia fórmulas para modular la sanción en función del nivel de renta del infractor.
«¿Cuánto vale una vivienda ilegal en suelo rústico y cuánto vale una legal que además puede ejercer de vivienda turística vacacional?», se preguntó el diputado del PSIB Marc Pons. Lamentó que el PP dé la imagen de «barra libre» en urbanismo a cambio de solo un 15 % del valor. Denunció que el Govern hará una «amnistía» que servirá para favorecer incrementos de precios que harán que las viviendas pasen a ser propiedad de fondos de inversión o que en manos de extranjeros. «Expulsaron a los ciudadanos de Balears de sus viviendas», dijo Pons, que pidió al Govern que pare «esta deriva».
«Se ríen del santo y de la fiesta», dijo el portavoz de Més en el Parlament, Lluís Apesteguia. Recordó que a competencia del alquiler turístico es de los consells y lamentó que el Govern vaya a permitir el alquiler turístico en las obras legalizadas, cuando al mismo tiempo reconoce que no tiene herramientas para controlar el alquiler ilegal. «Quien hace las cosas bien y cumple las leyes recibe el mensaje de que es el más tonto de pueblo», añadió. «El Govern invita a la gente a hacer las cosas mal porque luego ya lo arreglará», afirmó.
Josep Castells, de Més per Menorca, se mostró en contra de que se facilite la explotación turística de suelo rústico y defendió que el campo debe tener esencialmente un uso agrario. «La turistificación del campo busca es que el modelo insostenible se exporte a otras superficies no explotadas hasta ahora. Es la perversión absoluta del modelo de turistificación desatada», denunció Castells.
La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, no quiso pronunciarse sobre esta medida a la espera de ver el texto definitivo del decreto, mientras que la portavoz del PP, Marga Durán, señaló que los consells tendrán autonomía para decidir sobre esta norma y, en cualquier caso, cualquier negocio turístico estará sujeto a toda la normativa y deberá cumplir el intercambio de plazas.
Tengo un hortal semi abandonado el otro día un amigo me dijo que tengo una mina y yo no lo sabia gracias PP porque ahora me podré dar el capricho con lo que saqué de su alquiler en comprarme un mercedes.