El Govern trabaja en la creación de una enorme base de datos que centralizará la información personal de miles de usuarios de los servicios sociales de Baleares. El nuevo sistema, conocido como Història Social Única, busca facilitar la coordinación y gestión entre diferentes administraciones y sistemas públicos, como el educativo, el de vivienda, el sanitario y el laboral. De esta manera, y como ya están haciendo otras comunidades autónomas, se pretende facilitar el trabajo a los profesionales del ámbito social.
El registro se nutrirá de la información existente en otras bases de datos y que, en algunos casos, contienen aspectos tan íntimos como el origen étnico del usuario, datos genéticos o biométricos para identificarlos, referencias sanitarias o de su vida y orientación sexual. Se trata de unos datos que están especialmente protegidos, y que se recopilarán legalmente.
Así queda recogido en el decreto de simplificación administrativa aprobado el martes. Desde la Conselleria d'Afers Socials explican que incluyen una cláusula informativa de que se incluirán datos de este tipo porque son conscientes de que, al recopilarlos desde tantos registros, deben cubrirse jurídicamente.
Aun así, dos expertos consultados por este diario advierten del peligro de centralizar toda la información en una base y de la necesidad de garantizar mayor control de privacidad.
«Este modelo se lo pone más fácil a un atacante, que puede ir a por una única base y conseguir mucho más», comenta el abogado especializado en derecho digital Jorge Morell, gerente de la empresa Términos y Condiciones. También señala que todos estos datos, que se guardaron en una base de datos concreta por determinados motivos, ahora pasarán a forma de una nueva más grande el usuario tendría que saber y poder decidir si está de acuerdo con que se sigan usando para otro fin mayor. «No se puede hacer cualquier cosa con estos datos», insiste, aunque no duda de que todo el procedimiento para crear el registro sea legal.
«Debe de haber garantías de que habrá un control muy estricto para proteger datos tan íntimos porque cualquier empleado de servicios sociales no puede acceder a esta información, solo en casos muy concretos», explica Manuel Aguilar Hendrickson, profesor en la Escola de Treball social de la Universitat de Barcelona que ha trabajado en Baleares. En otros países europeos, dice, se controla quién entra en cada expediente. También cree que el usuario debe saber qué se hace con sus datos tras el cambio.
No me parece mal que cwntralicen información para ir simplificando trámites, siempre que la custodia de datos esté lo más protegida que se posible. Espero que este tipo de simplificación ayude a que no se cincentren todas las ayudas en los mismos (la riqueza y la pobreza subvencionada se concentra en los mismos de forma fascinante) que ya está bien de que los paganinis subvencionemoa todo a los cuatro de siempre.