La posible llegada de más menores migrantes sin acompañamiento de adultos a Baleares, ante el nuevo escenario reclamado por la emergencia que se vive en Canarias y Ceuta, provoca fricciones en los pactos de gobierno de PP y Vox. Santiago Abascal ha sido muy claro en las últimas horas: si los 'populares' no evitan el reparto implorado por los ejecutivos regionales en apuros, ellos no dudarán en romper los acuerdos territoriales no solo en el archipiélago. En distintas comunidades y más de un centenar de municipios de España gobiernan juntos. En Baleares Vox apoya parlamentariamente al Govern de Marga Prohens. Pero, ¿qué dice de la inmigración el acuerdo entre ambas formaciones en las Islas?
De entre todos los existentes, el pacto que más alusiones hace a la inmigración de los suscritos con Vox por parte del PP a nivel autonómico es el de Baleares, a pesar de que Prohens no tenga a los de Abascal sentados en el Consell de Govern y dirija el ejecutivo balear en solitario. En concreto el punto 105 del texto alude a la aprobación de «un plan de choque inmediato contra la inmigración ilegal, la ocupación y la creciente inseguridad, garantizando la atención humana que las víctimas de las mafias deben recibir» que incluya la «colaboración documental necesaria con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la identificación de personas en situación ilegal en las islas con el objetivo de que se proceda a su repatriación conforme a la ley».
La exigencia de «acreditación de la residencia legal y no únicamente el certificado de empadronamiento» para acceder a subvenciones y ayudas y la supresión de «cualquier ayuda pública a las organizaciones que colaboren con las mafias de tráfico de seres humanos» figura en el siguiente punto. Sin embargo, carece de concreción clara en las políticas desarrolladas por el ejecutivo autonómico hasta la fecha.
Más adelante, en el punto 107, se alude a las pateras y a la ruta que llega a Baleares desde el norte de África, para señalar que «se potenciará la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante los posibles casos de inmigración ilegal, con especial atención a las mafias organizadas que la promueven» y la reclamación al Gobierno de nuevos radares SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior), como el que vigila la costa sureste alrededor del Parque Nacional de Cabrera.
Sobre la literalidad de lo que ambos partidos pactaron para gobernar juntos en cinco autonomías —Castilla y León, Comunitat Valenciana, Murcia, Extremadura y Aragón— , la mayoría de textos a excepción del extremeño abordan la migración de un modo u otro. Por ejemplo, la mención de las mafias es constante, pero en cambio ninguno alude expresamente a los menores que viajan sin compañía, cuya acogida recae en las comunidades autónomas y precisamente es el objeto del actual debate político en el cual Vox amenaza con romper la gobernabilidad en estos territorios.