«Antes de dejar caer a Sotohermoso se intentó cubrirlo por el riesgo reputacional». El antiguo director general de participadas de Sa Nostra, Gerardo Oliver, ha sido el único de los acusados en ser interrogado en el juicio que ha arrancado hoy en la Audiencia Nacional contra la cúpula de la extinta entidad de crédito. El juicio pivota en torno a las operaciones de inversión y crédito que Sa Nostra dio a la promotora inmobiliaria entre los años 2006 y 2010. La Fiscalía y la Abogacía del Estado sostienen que se generaron pérdidas por valor de 46 millones de euros y acusa de apropiación indebida y de administración desleal a la antigua cúpula de la entidad.
El largo interrogatorio a Oliver monopolizó la primera sesión del juicio. El directivo estaba a cargo de Invernostra, la filial con la que Sa Nostra participaba como inversión en distintos proyectos empresariales. Explicó que la entidad decidió entrar en 2006 en el accionariado de Sotohermoso para llevar a cabo una serie de promociones en Extramadura y en Cantabria. En aquel momento, el ladrillo, dijo, iba como un tiro y Sa Nostra había ganado en los años previos más de 300 millones con operaciones similares.
Sin embargo llegó la crisis. «No sabe el tsunami que nos vino en 2008», le dijo Oliver a la fiscal. «A Sotohermoso, a raíz de la crisis, le cerraron el flujo de crédito. Tuvo un problema de liquidez». Según el directivo, al principio se cubrieron esos fondos con ampliaciones de campital y operaciones de préstamo con entidades que no eran San Nostra. Sin embargo, llegó un momento en que no había más fuente posible que acudir a Sa Nostra.
Oliver minimiza su papel en esos créditos en los que dice no haber intervenido dado que eran cuestión de la caja y no de Invernostra. Sin embargo, sí explicó que el comité de riesgos de la entidad diseñó un plan para Sotohermoso que contemplaba varias opciones, desde la venta de activos a la búsqueda de otros socios. Ninguna de ellas fue bien y se optó por la última de las soluciones. En 2008, Invernostra firmó con sus socios en Sotohermoso una opción de venta que es la operación en la que la Abogacía del Estado, que también ejerce la acusación, puso el foco. Esa opción permitía a los socios vender su participación a la caja en cualquier momento en un plazo de tres años e incrementaba el riesgo de la entidad financiera en la sociedad.
Oliver señaló que él no tomó esa decisión sino que vino avalada por los órganos de decisión de la Caja, incluído el comité de riesgo que, manifestó que nunca se saltaban. Eso llevó a la toma de control de la empresa. «No quedaba más remedio, era una obligación compartida», señaló el acusado. Según su relato, dejar caer a Sotohermoso hubiera sido un grave golpe para la imagen de la caja: «No podíamos permitir un impago por parte de una sociedad participada por la entidad. Eso para nosotros era sagrado», señaló en referencia a él mismo y al resto de directivos acusados. Sin embargo, la toma de control total de la empresa y la ejecución de esa opción se concretó en noviembre de 2011, cuando San Nostra ya había desaparecido y había sido absorbida por BMN. «Sotohermoso fracasó por la crisis económica», zanjó.
Las sesiones continúan durante todo el mes y esta mañana está previsto que declaren los dos exdirectores generales de Sa Nostra acusados, Pere Batle y Pau Dols. Si da tiempo, el siguiente será el expresidente de la entidad, Fernando Alzamora. La Fiscalía reclama para todos ellos la imposición de penas de prisión de cuatro años por los dos delitos. El juicio es muy similar en su fondo al proceso celebrado hace tres años también en la Audiencia Nacional y que terminó en absolución firme de todos los acusados: en aquella ocasión se examinaban otras líneas de financiación concedidas al constructor Martín Gual para una promoción en Platja de Palma. La conclusión del tribunal fue que se trató de operaciones razonables forzadas por la crisis económica.