«La Caja tendría que haber sido prudente. Si eran conscientes de que no iban a recuperar la inversión es que tenían otras razones para concederlo». Los inspectores del Banco de España y los investigadores de la Guardia Civil lanzaron ayer la acusación en el juicio contra la cúpula de Sa Nostra: El dinero destinado a financiar a la inmobiliaria Sotohermoso se desvió «potencialmente» a otros fines ante la falta de control de la entidad bancaria y la omisión de precauciones y controles a la hora de destinar los fondos.
El Banco de España, con todo, no concreta qué fondos se desviaron y habla de cuantías «potencialmente desviadas». Se refiere a los 17 millones de euros concedidos como préstamos a la inmobiliaria. La inspectora que declaró insistió en que Sa Nostra incumplió de forma sistemática circulares del Banco de España y toda la normativa sobre el control de riesgos y que lo hizo a sabiendas de que era muy complicado recuperar la inversión. Sobre la operación de venta de la sociedad a la filial de la caja, Invernostra, señaló que era una «ventaja especial» para los socios de la inmobiliaria que conseguían deshacerse de deuda y garantías. Además, señaló, Sa Nostra asumía deuda que la empresa tenía con otras entidades de crédito. La alusión al desvío de fondos sustenta la principal acusación que sostiene la Fiscalía contra los antiguos directivos de la entidad: apropiación indebida.
También se centró en la falta de control de las cuentas de Sotohermoso. La sociedad no las registro en dos ejercicios y toda su contabilidad tuvo que ser rehecha cuando BMN, sucesora de Sa Nostra tomó el control.
La Guardia Civil y la auditora que examinó las cuentas por encargo de BMN ponen como ejemplo una transferencia de 1,8 millones de euros desde Sotohermoso a otra sociedad controlada por uno de los socios, también acusado en el juicio. Además, enumeraron pagos a abogados y empresas afines con los fondos entregados por la entidad bancaria. Otro punto de discusión recurrente en las sesiones es el valor real que tenían los suelos adquiridos por la entidad. El Banco de España considera que estaban muy sobrevalorados y que, en ningún caso suponían activos de 30 millones de euros.