Unos 40.000 funcionarios de Baleares cobrarán una extra de entre 1.500 euros y 2.000 euros de media después de que el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB) haya anulado la congelación salarial aprobada por el Govern durante los años 2021 y 2022, en plena pandemia. Miquel Gelabert, secretario general del STEI Intersindical, se ha mostrado satisfecho con la sentencia que da la razón al sindicato, que presentó un recurso contra el acuerdo tomado por el Ejecutivo de Francina Armengol en plena COVID-19. El Govern calcula que tendrá que abonar más de 100 millones en atrasos a los funcionarios autonómicos tras esta sentencia, pero el STEI cree que la cifra será superior.
Gelabert ha explicado que el magistrado del TSJIB ha aceptado los argumentos del sindicato, que aportó documentación que demostraba que el Govern no estaba en números rojos, como alegaba la Administración para acordar la congelación. De hecho, la sentencia valida que Baleares cerró 2019 con una cuentas de resultados negativa en 301 millones, en 2020 ya cerró un superávit de 70 millones de euros, según el Ministerio de Hacienda. «No siendo negativa la situación de la Hacienda de la CAIB en el ejercicio 2020, no se cumplía por tanto el requisito para que fuera dejado de aplicar por la Administración de la CAIB el incremento retributivo previsto en los presupuestos generales del Estado», concluye la sentencia.
Gelabert recuerda que el Govern balear fue el único que aprobó esta congelación salarial incumpliendo la normativa básica del Estado, que acordó una subida de 2 % con otra adicional del 0,9 %. La solución del Ejecutivo fue subir estas cantidades en los complementos básicos del Estado y reducir la misma cantidad en los complementos autonómicos. El resultado de facto fue una congelación salarial durante esos dos años ya que lo que se subía por una vía se bajaba por la otra.
El Govern de Marga Prohens ha propuesto ahora abonar estas cantidades atrasadas en un plazo de cinco años, pero Gelabert considera que se trata de un plazo excesivo, por lo que ahora se abrirá un proceso de negociación con la Administración autonómica que, en el peor de los casos, puede acabar de nuevo en los tribunales. El TSJIB ha comunicado a las partes que ya puede ejecutarse la sentencia y el Govern dispone de tres meses para alegar que no puede abonar esta cantidad de golpe.
«Somos el único sindicato que en 2021 votó en contra de la política retributiva del Govern. Pusieron en marcha una medida sin precedentes para reducirnos el sueldo con una cláusula ad hoc de los Presupuestos, algo que no se había hecho nunca hasta entonces», señala el representante del STEI. Asegura que fue una medida injusta que no tenía ninguna justificación y ha mostrado su satisfacción de que los tribunales les hayan dado la razón en este caso, como ellos defendían desde el primer momento.