Nuevo choque entre el Govern y el PSIB por el decreto de simplificación urbanística, en este caso por la posibilidad de edificar en áreas inundables. A raíz de la tragedia de Valencia, la diputada socialista Mercedes Garrido ha recordado que esta misma semana, en una comisión parlamentaria, PP y Vox han votado a favor de una modificación legal que, en determinadas condiciones, permite que las áreas de prevención de riesgo de inundación puedan pasar a ser suelo urbanizable.
El redactado anterior de la ley cerraba esta posibilidad excepto para infraestructuras promovidas por las administraciones públicas siempre que se justificara que no hay alternativas y con la condición de establecer medidas correctoras que no supongan un incremento del riesgo de inundación a terceros.
El nuevo redactado, que se incluye en el decreto ley de simplificación administrativa, cambia esa excepción. Afirma que no se podrá cambiar la clasificación del suelo como norma general, pero establece una excepción: que se adopten medidas para prevenir este riesgo y evitarlo y que haya un informe previo favorable de la Administración competente.
El PSIB defiende que esta norma supone abrir la puerta a permitir nuevas edificaciones en zonas potencialmente peligrosas por estar en riesgo de inundaciones. La diputada Mercedes Garrido critica que se incorporen estas normas en un decreto que rechaza el PSIB en su totalidad y recuerda que esas restricciones se aprobaron tras la tragedia de Sant Llorenç. El Govern rechaza estas acusaciones y asegura que lo único que hace con la modificación de la norma es adaptarse a una norma estatal: el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que entró en vigor este mes de julio.
Un portavoz de la Conselleria de la Mar afirma que la nueva redacción del texto es una trasposición de este reglamento estatal, que prevalece sobre la normativa autonómica porque es un Real Decreto. Entre otras medidas, la norma establece las limitaciones a los usos del suelo en zona inundable, aunque permite la edificación si no existe otra posibilidad.
Por ejemplo, establece que las instalaciones y edificaciones se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo de inundación existente y los nuevos usos residenciales se dispondrán a una cota tal que no se vean afectados por la avenida con periodo de retorno de 500 años. Añade que podrán disponer de garajes subterráneos y sótanos, «siempre que se garantice la estanqueidad del recinto» para la avenida de 500 años de período de retorno y se realicen estudios específicos para evitar el colapso de las edificaciones, con vías de evacuación por encima de la cota de la avenida.
«La seguridad de las personas y los bienes están plenamente protegidos por este reglamento que desarrolla la Ley de Aguas», aseguran desde el Govern. Recuerdan que la prohibición de construir en zonas inundables está recogida en el Plan Hidrológico y defienden que lo que hacen es modificar un decreto del tiempo de la COVID que prohibió edificar en áreas de prevención de riesgo de inundación, «una figura que está desfasada».
El apunte
Tres artículos sobre cambio climático, en el aire
El decreto de simplificación administrativa ya ha recibido el visto bueno en comisión y en dos semanas llegará al pleno del Parlament para su votación definitiva. Hay tres artículos relacionados con el cambio climático que siguen en el aire porque Vox ha votado en contra tanto en ponencia como en comisión. El PP ha pedido que esos tres artículos se vuelvan a votar en el pleno para recuperarlos. Uno de ellos es el que favorece la instalación de puntos de recarga de coches eléctricos. La presidenta de Vox, Patricia de las Heras, aseguró que su partido no está de acuerdo con llenar las calles de «plazas de aparcamiento vips» para los coches eléctricos.