La caída del proyecto de Presupuestos si finalmente no se logra aprobar en el Parlament dejará al Govern inicialmente con 150 millones de euros menos. Las cuentas pasarán de los 7.469 millones previstos en 2025 a los 7.320 millones aprobados para este año, así que una de las consecuencias es que la recuperación del dinero perdido por la congelación salarial de los funcionarios queda en el aire si la prórroga se alarga todo el año.
Una sentencia obliga al Govern a abonar los atrasos de dos años de congelación. Teniendo en cuenta que la medida afecta a unos 60.000 trabajadores públicos, las estimaciones apuntan a que el Govern tenía que pagar unos 160 millones extra. En las cuenta del año que viene, que por ahora no se aprobarán, el Govern ya incluía una primera actualización de sueldos.
La subida salarial no iba a ser del 2,5 % que marca el Gobierno central, sino de cerca del 5 % para actualizar los salarios. Sin embargo, aún estaba pendiente negociar el pago de todo el dinero que se debe a los funcionarios que no cobraron esos dos años.
El Govern estaba negociando cómo hacer frente al pago de los atrasos. Si finalmente no se pueden aprobar los Presupuestos de 2025 en todo el año y no se recuperan esos 150 millones de euros de descenso presupuestario, el plan de pagos se complicará ante la falta de liquidez. Hay herramientas para poder llegar a actualizar las cuantías a través de la Mesa de la Función Pública, pero no será tan fácil.
Lo mismo cabe decirse del incremento del plus de residencia de los trabajadores públicos para equipararlos con el de Canarias. El Govern y los sindicatos estaban en plena negociación par actualizar estas cantidades y aún no había un acuerdo. La pérdida de ingresos por la no aprobación de los Presupuestos también deja en el aire esta posible subida.
A la espera de aprobar las cuentas a lo largo del año que viene para que la prórroga no dure todo el año, la Ley de Finanzas también da ciertas herramientas al vicepresident del Ejecutivo balear, Antoni Costa, para sortear las dificultades que le he provocado el veto de la extrema derecha.
Esta ley, aprobada precisamente cuando Antoni Costa era conseller de Pressuposts, permite hacer modificaciones hasta que se apruebe una nueva ley, que es lo que quiere el Govern. El artículo 47 permite que el propio Costa apruebe una orden para desarrollar las «particularidades» presupuestarias y se podrán regular otras «concordante». Señala el mismo artículo que «se ajustarán a la baja y en la parte que ocasione el menor trastorno para el servicio público». De facto, se puede gobernar con los Presupuestos prorrogados y el ejemplo más claro es que lo está haciendo Pedro Sánchez en el Gobierno central.
Si Vox impide la aprobación de las cuentas, será la segunda ocasión en la historia de la Comunitat en que esto sucede. El Govern de Antich tampoco pudo aprobar los Presupuestos correspondientes al año 2011, el último de su mandato. De hecho, ni siquiera los llegó a tramitar el Parlament ante la seguridad de que no se aprobarían.
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