La Obra Cultural Balear (OCB) ha impulsado un segundo recurso en el Tribunal Constitucional (TC) contra la eliminación del requisito del catalán en la sanidad pública balear. Esta acción es consecuencia del error cometido por el grupo parlamentario del PP, que votó un conjunto de enmiendas de Vox y que provocó que el decreto ley, impugnado en 2023, quedara derogado por la ley de simplificación administrativa, como ha explicado el responsable de la OCB, Antoni Llabrés.
El contenido del decreto derogado ha vuelto a ser introducido a través del decreto ley de rectificación del «despropósito parlamentario» de PP y Vox, como han precisado desde la OCB en una nota. Para Llabrés, se trata de una técnica legislativa «sumamente deficiente» que aumenta las posibilidades de éxito de este segundo recurso de la OCB, entidad cultural que en este asunto cuenta con el apoyo del PSIB-PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos Baleares.
Este mismo procedimiento fue utilizado por primera vez en noviembre de 2023 para interponer un primer recurso contra el decreto autonómico de medidas urgentes en educación y sanidad, una de las primeras medidas del actual Govern, por el que se eliminaba la exigencia de conocimientos de catalán para acceder a la sanidad pública.
Este recurso, como ha recordado la OCB, fue admitido a trámite por providencia del Tribunal Constitucional hace un año. Llabrés ha insistido en que la OCB está dispuesta a llegar «hasta el final» en esta lucha contra la maniobra de PP y Vox «de degradar la presencia del catalán en la sanidad pública, que impide que los ciudadanos de puedan ejercer libremente sus derechos lingüísticos como usuarios del sistema de salud».
El TSJC mantiene el 25% de castellano en clase pese a la nueva ley sin cuotas. 18 MAR 2025 El Periódico El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha rechazado un recurso de la Generalitat que pedía revocar la cuota lingüística del 25% de castellano en una docena de escuelas por la "imposibilidad legal" de aplicar esa cuota con la nueva ley, que no fija porcentajes en la enseñanza de lenguas oficiales. La ley aprobada por el Parlament en junio de 2022, con los votos a favor de PSC, ERC, Junts y En Comú Podem, tras el ultimátum que dictó el TSJC para que la Generalitat cumpliera sus sentencias que imponían el 25% de castellano en las aulas, y para blindar así el catalán como lengua vehicular en las escuelas. Una docena de recursos que no han sido admitidos. Tras la aprobación de la ley, la Generalitat interpuso una batería de recursos en las causas abiertas en el TSJC a raíz de la sentencia que fijaba un mínimo del 25% de castellano en las aulas, entre ellas para una asignatura troncal, argumentado la "imposibilidad legal" de aplicar este porcentaje con el nuevo marco legal. La sección de casación de la sala contenciosa del TSJC ha rechazado admitir ahora una docena de recursos de la Generalitat, al concluir que no existe en este caso ninguna "duda interpretativa" ni interés casacional (que permite recurrir al Tribunal Constitucional), porque la Administración autonómica no ha aportado "nada útil" ni un "mínimo razonamiento" sobre la necesidad de formar jurisprudencia. Además, el TSJC impone a la Generalitat las costas por este procedimiento, a razón de 2.000 euros en cada uno de los casos. El TSJC recrimina a la Generalitat que su petición es "tan genérica" que no puede ser acogida, ya que tampoco justifica el perjuicio de las sentencias recurridas. Según la Generalitat, ni la Constitución, ni el Estatut, ni la legislación estatal en materia educativa imponen un modelo de porcentajes sobre el uso de las lenguas en las escuelas. También argumentaba que las sentencias del TSJC sobre el 25% declaraba que la Generalitat incurrió en una "inactividad normativa" sobre la regulación del uso de las lenguas oficiales en la escuela, cosa que "precisamente" trató de superar el Govern con el decreto ley aprobado en 2022. Hasta aquí ha sido un copy/paste. Ahora viene mi resumen, en el que exhorto a la justicia a hacer cumplir las sentencias y que sean más ecuánimes con la igualdad que se manifiesta en el estatuto de autonomía. Igualdad es un 50% y no todo en catalán y solo una asignatura en castellano. ¿Se imaginan cuál?. No "XERRAM" catalán. No somos catalanes. No queremos ser anexionados a unos inexistentes países con solo un 13% de catalanoparlantes en estas islas. NO queremos que nos consideren catalanes a efectos, políticos, ni estadísticos. Son 6 millones pero la mayoría no quiere saber nada del catalán. VIVA LAS BALEARES, SU HISTORIA, SUS COSTUMBRES Y LOS QUE DEFENDEMOS SUS "LLENGOS"