Baleares ha sido tradicionalmente, junto con Murcia y Canarias, el territorio con más salas de juegos y apuestas de España, pero desde 2020 asistimos a un goteo de cierres en el sector como consecuencia de la modificación de la Ley 8/2014 de 1 de agosto del juego y las apuestas impulsada por el Govern balear en 2020.
Esta normativa establece un máximo de 75 salas de juego por cada millón de habitantes. Teniendo en cuenta que Baleares tiene en estos momentos algo más de 1,2 millones de residentes eso supone en la práctica que no deberían operar en las Islas más de 90, pero tenemos 137 salones de juego y 2 casas de apuestas autorizadas. Es así porque la ley no implica la suspensión de las licencias otorgadas antes de su entrada en vigor. Si se mantiene el ritmo anual de decrecimiento de este tipo de establecimientos (dos en el último año) tardaremos alrededor de 20 años en alcanzar el cupo máximo establecido.
Desde la entrada en vigor de la normativa autonómica en 2020 han echado el cierre en las Islas 14 salones de juego, según los datos que maneja la patronal. En 2021 el Govern elevó esta cifra a 36 locales, incluyendo las denegaciones de licencias, declaraciones de nulidad o revocaciones de los permisos existentes, además de las renuncias y desestimientos de las propias empresas.
Los empresarios critican que en el cómputo para establecer la ratio máxima de locales el Govern tomara como referencia la población de Baleares a 1 de enero y no la población estival que incluye a todos los empleados que se desplazan en temporada alta a las Islas para trabajar en la planta turística. Las Islas recibieron en 2024 2,7 millones de turistas.
Además de fijar un cupo máximo de salones de juego en Baleares, la ley autonómica también establece límites a su ubicación. No permite conceder nuevas licencias a locales de juego y apuestas que estén a menos de 500 metros de distancia de centros educativos de enseñanza obligatoria, formación profesional, universitaria, así como centros de enseñanza especial, centros de formación de adultos y guarderías.
Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha tumbado parcialmente el plan urbanístico de Barcelona que aplicando un criterio similar impide desde 2021 abrir casas de apuestas, bingos o casinos, en este tipo de espacios. Deja sin efecto los artículos que prohibían establecimientos de juego a menos de 800 metros de centros educativos y menos de 450 metros de otros espacios sensibles, como centros sanitarios o equipamientos para jóvenes.
El alto tribunal determina que aunque el Ayuntamiento de Barcelona tiene plena legitimidad para regular urbanísticamente las condiciones de implantación de los establecimientos de juego, es necesario que estas regulaciones sean «cuidadosamente justificadas, proporcionadas y respetuosas con los principios de libre mercado y libertad de establecimiento, así como con la normativa sectorial autonómica vigente».
Aunque la sentencia siente jurisprudencia, Miguel Àngel Riera, portavoz de la patronal de salones de juego en Baleares, entiende que las medidas aprobadas en Baleares no decaerán al ser una regulación autonómica y no local la que las establece. «En el fondo la sentencia dice que se trata de una competencia autonómica y en el caso de Baleares es el Govern, concretamente la Conselleria de Empresa, quien tiene esa responsabilidad. La ley 8/2014 de Juego y Apuestas de las IB, que fue actualizada con la reforma del exconseller Yllanes, en su artículo III dice que en ningún caso se podrán otorgar nuevas autorizaciones en una zona inferior a 500 metros de esos espacios», dice el empresario.
Opina que «es lógico y razonable proteger a los menores de edad». El portavoz de los empresarios de salones de juego reivindica el dinero que su negocio aporta a la economía en forma de impuestos, que cifra en «algo más de 35 millones en tasas en 2024». También los puestos de trabajo que genera: «Hoy en día cada salón mantiene entre 9 y 10 empleados».
Riera denuncia el «agravio comparativo» que sufre el sector privado del juego y las apuestas si se compara con los límites que se aplican a otros juegos como Loterías del Estado o los sorteos y premios de la ONCE. «Lo más delicado en estos momentos es la adición que crea el rasca y gana de la ONCE, es el más peligroso por la rapidez con la que se obtiene el premio y se comercializa sin pedir el DNI», denuncia.
Reivindica una mayor vigilancia para impedir que los menores de edad compren el Rasca y gana de la ONCE. «En los salones de juego, bingos y casinos tenemos aparatos de control de acceso mediante el DNI que imposibilitan que un menor pueda acceder, en cambio en la lotería nacional y en la ONCE nuestra impresión es que no se aplican los mismos criterios y son posibles generadores de ludopatía», concluye.
Riera opina que el sector goza en estos momentos de una situación económica «estable» en las Islas. «El juego es una parte más del ocio de las personas. Nos mantenemos en una situación estable, pagamos impuestos, alquileres y tenemos una oferta que no es excesiva en proporción a los usuarios. Es un espacio integrado como una oferta más social y, como el premio máximo son 3.000 euros, tampoco es un aliciente para la ludopatía, cosa que no ocurre con el juego público donde un premio te puede solventar la vida», sentencia.
Y la sala de juegos inaugurada recientemente en Mahon para niños, a imagen y semejanza al salón de juegos para adultos que existe hace años al lado. ¿Que es esto? ¿Cómo es posible que sea legal? Un salón de juegos para niños a imagen y semejanza al de los adultos, no reparten dinero, pero reparten premio. ¿QUe es esto mas que un simil de la sala de juegos de adultos, que precisamente está en el mismo edificio? ¿Un preambulo de lo que sigue a continuación? NO me cabe en la cabeza como puede ser legal este recinto dónde además se entremezclan niños pequeños con niños mayores y adultos que juegan a otros juegos como billar, bolera, etc, ahí todos juntos, todos en un mismo recinto. En definivitiva "Juego" para todas las edades sin el mas minimo control de nada.