Los titulares beneficiarios de rentas mínimas autonómicas en España han descendido un 34 % entre 2020 y 2023 y hasta un 71 % en Baleares, por encima de lo esperado en fases de crecimiento económico y creación de empleo, lo que apunta a su desaparición al menos en las nueve comunidades que duplican esa caída con bajadas superiores al 60 %.
En el caso de las Islas Baleares, los beneficiarios fueron 9.478 en 2020 y 2.776 en 2023. En once comunidades el número de beneficiarios ha bajado más del 50 %. Solo País Vasco, Comunidad Valenciana y Canarias mantienen o aumentan los perceptores, mientras que Cataluña conserva un número significativo de personas protegidas, de acuerdo con los últimos datos disponibles recopilados por el Consejo Económico y Social (CES).
Cuando en 2020 se puso en marcha el ingreso mínimo vital (IMV) como prestación básica contra la pobreza a nivel estatal, que hasta ese momento no existía, las rentas mínimas autonómicas asumieron el objetivo de asegurar una protección más extensa, llegando a colectivos no incluidos en el IMV o mejorando su cobertura.
Lo señala el CES en su última memoria anual, en la que constata que ese objetivo no se ha cumplido, porque aunque cabía esperar una reducción del número de beneficiarios al aumentar la protección estatal, la evolución ha sido muy desigual por territorios y en algunos las rentas mínimas parecen encaminadas a extinguirse.
En su última opinión sobre el IMV publicada en junio, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) concluía que los programas de rentas mínimas «prácticamente han desaparecido o muestran una tendencia claramente decreciente» en Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Extremadura, La Rioja, Baleares y Aragón.
No obstante, como particularidad en este grupo, la AIReF señala el caso de Aragón, donde más de la mitad de los perceptores que quedan de la renta autonómica la compatibilizan con el IMV.
Entre 2020 y 2023 se ha pasado de 394.436 a 258.568 personas beneficiarias de rentas mínimas (34 % menos), aunque con notables diferencias entre comunidades, como muestra la caída del 89 % en Madrid o del 82 % en Castilla-La Mancha, frente al aumento del 63 % en la Comunidad Valenciana o del 26 % en Canarias.