La gran ofensiva jurídica que anunció Marga Prohens contra el reparto de menores migrantes de Canarias avanzó este lunes un paso más con la petición formal de que las islas entren en emergencia migratoria y queden excluidas de la distribución de los niños y adolescentes desde el otro archipiélago. Baleares trata de frenar ‘in extremis’ un reparto que podría acordarse hoy mismo pero el Gobierno ya ha contestado de manera extraoficial: no se dan las circunstancias porque Baleares tiene 680 menores a su cargo y, para poder quedar fuera del reparto, debería tener 1.228.
«La imposición de derivaciones sin apoyo, diálogo y consenso supondría un riesgo directo para los menores y para la sostenibilidad de todo el sistema de protección», señala la carta que ayer envió la vicepresidenta del Govern, Antònia Estarellas, a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. s
En la misiva, el Govern subraya que su objetivo es intentar no incrementar más la tensión de los sistemas de acogida y no alcanzar «la misma situación crítica que atraviesa el archipiélago canario». Añade que Baleares atraviesa una crisis migratoria «sin precedentes» que ha llevado a una situación «de máxima presión» y solicita «medidas preventivas» ante las llegadas constantes de nuevas pateras.
El Govern añade que la norma de reparto de menores se ha fijado sin tener en cuenta las particularidades de cada comunidad autónoma y los parámetros se han fijado sin contar con la opinión de los diferentes gobiernos autonómicos. Desde el 1 de enero al 15 de agosto de 2025, las llegadas de personas migrantes en situación de irregularidad a Baleares por vía marítima se han incrementado en un 77 % en comparación con el mismo periodo de 2024. «Según los datos que manejamos, a día 1 de septiembre de 2025 han llegado a las costas de Baleares un total de 4.895 personas migrantes en situación de irregularidad en 260 pateras», añade.
Atención en condiciones
De estas, más de 350 son menores migrantes no acompañados que se han incorporado al sistema de protección y tutela de los consells. Precisa que esta «situación de saturación» impide garantizar la atención educativa, psicológica y social que estos niños y adolescentes, y también del resto de los menores que están bajo la tutela de la administración.
«Estoy frontalmente en contra de que la política de migración del Gobierno se resuma en repartir menores», lamentó ayer la presidenta del Govern, Marga Prohens, en una entrevista en IB3 Ràdio. La presidenta volvió a criticar que el Gobierno de Pedro Sánchez se haya desentendido de actuar sobre este problema en origen, en las zonas donde se abre la ruta migratoria, como Argelia. Pero sobre todo criticó las palabras del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que amenazó a las comunidades autónomas con enviar a la Policía a las comunidades que no acepten a los menores.
«En vez de amenazar con mandarme a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad a mi, les pido que los manden pero para proteger las fronteras y combatir las mafias y porque los propios sindicatos de esos cuerpos dicen que tienen que dejar de atender otras cosas para poder ir a atender la llegada de pateras», sentenció. «Si me amenazan en un Estado de Derecho por hacer uso de recursos ante el Constitucional o el Supremo y por poner encima de la mesa los datos, es que quizás el Gobierno tendría que revisar la concepción de Estado de Derecho», recalcó la presidenta en declaraciones posteriores a los medios de comunicación.
También criticó que el Gobierno considere que existe «emergencia migratoria y social» para montar carpas, poner a disposición una terminal del puerto de Palma y buscar hoteles para alojar a los migrantes que llegan a las Islas, pero no considere que hay emergencia «para mandar a los mas de 500 policías y guardias civiles que reclaman los sindicatos o para reconocer que Balears tiene situación muy alarmante».
Vamos a ver, señores redactores, aver si escriben en propiedad, o sea las cosas como son, Madrid no dice nada, lo dice el gobierno de España.