El sindicato CCOO ha presentado este viernes en su sede en Palma su propuesta para la creación de un Fondo de Inversión Público para la Vivienda Asequible (FIVA). Lo ha hecho su secretario estatal, Unai Sordo, quien ha comparecido junto al secretario de Políticas Públicas y Protección Social, Carlos Bravo, y el secretario general de Baleares, Jose Luis García. Los representantes sindicales tiene previsto presentar la propuesta en persona a la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el día de hoy.
La propuesta consiste en la promoción de este fondo por parte del Estado para financiar la construcción de 50.000 viviendas anuales en el conjunto del territorio español. Según ha explicado Bravo, el fondo se nutriría de la inversión de pequeños ahorradores familiares e inversores institucionales sin carácter especulador, además de la captación de ahorro institucional o financiación pública española o europea dentro de los programas de estímulo a la vivienda asequible. Para poder alcanzar esta cantidad de viviendas se estima que se debería llegar a la recaudación de 6.250 millones de euros anuales a través del FIVA y de entidades como el Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Sordo ha explicado que el sindicato pretende ir más allá del ámbito estrictamente laboral para hacer reivindicaciones en materias de orden social como la vivienda. «De poco sirve subir un 4 % el salario en un convenio sectorial si el precio de la vivienda sube un 12 %», ha señalado para apuntar que el problema de la vivienda incide en el retraso de las edades de emancipación de los jóvenes que se está dando en España o dificulta la posibilidad de mujeres maltratadas de alejarse de situaciones de violencia en el hogar, al no poder contemplar la alternativa de una vivienda asequible. Además, «es un lastre económico para nuestro país» y un obstáculo para la movilidad interna de los trabajadores, algo que resulta «del todo imposible con estos precios disparados».
Para el sindicato, la política en materia de vivienda en los últimos años «ha sido errónea, pero no fracasada». Asimismo, critican el «boicot» que se está haciendo desde las comunidades autónomas gobernadas por la derecha a la Ley de Vivienda, una normativa que «el PP no está por la labor de aprovechar».
De esta manera, proponen actuar sobre cuatro líneas puntales: limitar los precios al 30 % de los sueldos medios de la clase trabajadora; aumentar la oferta a precio asequible; regular de manera más estricta el alquiler turístico y generar un gran parque de vivienda pública. Especialmente tajante se muestra CCOO con la cuestión del alquiler vacacional, el cual «saca la vivienda de su uso natural buscando rentabilidades exageradas» y compite con un sector «totalmente regulado» como es el hotelero.
Por ello, García ha incidido en que se debe erradicar toda la oferta en plurifamiliares. Bravo, por su parte, ha señalado que «esta comunidad autónoma cumple todos los requisitos para que se declaren zonas tensionadas», una declaración que justificaría este tipo de intervenciones u otras como la restricción de las ventas de vivienda a extranjeros, otro factor clave del encarecimiento inmobiliario en Baleares. «Es preciso también actuar sobre eso».
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