El Govern tiene decenas de demandas en los tribunales que suman riesgos de indemnización por una valor que se acerca a los 350 millones de euros. Se trata de peticiones de particulares o de entidades que se sienten perjudicadas por decisiones que toma la Administración y que acuden a los tribunales para reclamar una compensación. El último informe elaborado por la Sindicatura de Comptes en el que analizar la cuentas el Govern alerta de que el Govern tiene reservados 127,5 millones por el riesgo de litigios, pero avisa de que este dinero será insuficiente porque la amenaza real sumaba en aquel momento 442 millones.
En esa fecha no se habían pagado todavía los 96 millones de euros de indemnización al empresario Matthias Kühn por la protección de Muleta, por lo que a la cifra global de amenazas judiciales que constataba la Sindicatura hay que restarle esa cantidad, lo que minora el riesgo hasta los 346 millones.
Atención a la demanda
En cualquier caso, el montante está muy lejos de la cifra provisionada por el Govern, por lo que si todas las peticiones se resolvieran de golpe, el Ejecutivo se encontraría con un agujero superior a los 200 millones de euros. La propia Sindicatura reconocer en el informe que es difícil determinarlos exactamente «tanto en el importe como en el plazo en que, eventualmente, la Comunitat los deberá satisfacer».
La peticiones judiciales contra el Govern llegan por varios frentes, si bien las más cuantiosas tienen que ver con las correspondientes a la protección del territorio, a los cambios urbanísticos o a la delimitación de nuevos espacios naturales. Según la estadística que ha facilitado la Conselleria d’ Hisenda. El Govern ha pagado hasta 2024 más de 356 millones de euros por sentencias derivadas de protección del territorio, la mayor parte por recursos presentados contra un decreto ley que aprobó el Govern de Francesc Antich en el año 2008, como es el caso de la urbanización prevista en la zona de Muleta en Sóller. Aún quedan pendientes 226 millones por este concepto.
Las primeras indemnizaciones por esta ley son del año 2014, fecha en la que se pagaron 1,9 millones de euros. Las cifras van subiendo progresivamente hasta el año 2018, con 157,01 millones de euros pagados en ese ejercicio. De hecho, en ese año de récord de pago de indemnizaciones, el Govern tuvo que solicitar un préstamo de 147 millones para hacer frente a las demandas judiciales. Una parte importante, más de 80 millones, correspondían a la protección de un espacio en Eivissa.
Sin embargo, a pesar de que son las mayoritarias por su importante, no solo hay demandas por la protección del territorio. Por ejemplo, el Ejecutivo ha tenido que llegar a un acuerdo con sus propios funcionarios para pagar más de 100 millones por haberles congelado el sueldo durante la pandemia. El Govern pagará esta deuda en diversos tramos anuales. Otras peticiones responden a demandas por problemas en la sanidad, pero también puede haber reclamaciones de otras administraciones, como el pago de obras subvencionadas por Madrid que no llegan a ejecutarse y se presenta una reclamación judicial por ese dinero.
Otras batallas que se lidian ante los jueces y el juego del gato y el ratón con la OCB
Punto de vista
Quienes dieron permiso para construir en paraísos naturales cuya conservación solo hace bien a Baleares son los que deberían pagar de su bolsillo las imdenizaciones, no quienes las protegieron.