El Govern modificará el sistema de ayudas a los menores tutelados y a los perceptores de la renta social garantizada para evitar el «efecto llamada» a la inmigración, según ha dicho la presidenta del Govern, Marga Prohens. Ha señalado que, del mismo modo que ya exigen al menos cinco años de residencia legal para poder acceder a una vivienda pública o a cualquier vivienda de precio limitado, modificará la renta social garantizada para ampliar de uno a tres años la residencia legal exigida y, salvo casos justificados, condicionarla a itinerarios de inserción laboral para mantener esta prestación. También ha anunciado cambios en la renta de emancipación para exigir también un mínimo de tres años de tutela en las islas.
«No podemos contribuir de ninguna manera a un efecto llamada sobre una ruta migratoria que crece exponencialmente», ha dicho la presidenta. Prohens ha afirmado que el Govern no puede ofrecer una prestación «a quien llega a una edad en la que ni siquiera puede escolarizarse», y que al cabo de un año o unos meses, «por el solo hecho de haber sido tutelado», tenga derecho a la ayuda de emancipación que está pensada «para perfiles que ya llevan años dentro del sistema».
Ha anunciado que la vicepresidenta Antònia Estarellas se reunirá con el embajador de Argelia en España, aunque el Govern no tenga competencias, para abordar la crisis migratoria. Prohens ha defendido el papel esencial de aquellos migrantes en llegan a Baleares «para aportar y contribuir», pero ha dicho que, «por respeto a toda la gente de aquí», el Govern no permitirá que haya personas que vengan con el propósito de «abusar de nuestras ayudas y prestaciones públicas» como único medio de vida, «y mucho menos que puedan generar un efecto llamada».
«Debemos plantarnos ante las pretensiones del Gobierno de España de imponernos la acogida de menores procedentes de otras comunidades, cuando aquí ya estamos al límite y siguen llegando directamente a nuestras costas», ha dicho la presidenta. Ha insistido en que el Govern seguirá recurriendo a todas las vías a su alcance para detener el reparto. «A pesar del negacionismo que algunos aún mantienen, es incuestionable la existencia de una ruta de inmigración ilegal», ha añadido. «La política migratoria de un país no puede basarse en poner carpas en los puertos y repartir menores», ha dicho.
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