El Govern descarta por completo la idea de Vox de limitar la cobertura sanitaria a inmigrantes ilegales. Lo ha dejado claro la consellera de Salud, Manuela García, respondiendo a una pregunta de la diputada de Vox María José Verdú, en el pleno del Parlament. «La atención sanitaria debe ser universal, por principios éticos y humanos y por responsabilidad y salud pública», ha contestado García a la propuesta de Vox. Los diputados de Més per Mallorca y Més per Menorca han aplaudido esta contundencia.
Verdú ha sostenido que la sanidad sufre una importante presión asistencial que ha relacionado con la atención sanitaria «completa y gratuita» a «miles de personas que han entrado ilegalmente» en España. «Esto no es solidaridad, es injusticia», ha dicho la diputada de Vox, que ha argumentado que el sistema «debe priorizar a quienes lo financian». Verdú matizaba que no niegan la atención urgente pero «los recursos públicos no son infinitos» y abogaba por frenar «un efecto llamada criminal». Vox lleva hoy esta medida como propuesta de resolución al debate de política general.
En su contestación García ha hecho patente la distancia del PP con Vox en la materia. «El derecho a la salud es universal, no distingue de situaciones administrativas. Las enfermedades no preguntan, avanzan y se extienden», ha dicho.
Además, la consellera ha razonado que no es sólo una cuestión de «humanidad» sino también operativa, que «responde a la necesidad de proteger a toda la sociedad». «No podemos olvidar tan rápido las lecciones que nos dejó la COVID hace muy poco. Allí aprendimos que proteger a todos es la única forma de protegernos como sociedad. Limitar el acceso a cualquier grupo de población tendría consecuencias negativas no sólo para las personas excluidas sino para el conjunto. Si queremos ser efectivos en prevención, no podemos dejar fuera a una parte de la población. El coste siempre será mucho mayor que la prevención universal», ha argumentado García.
Renta garantizada
El debate sobre la inmigración ilegal ha vuelto a aflorar más tarde en la sesión de control al Govern. El diputado del PSIB Omar Lamin ha cargado contra los planes de «reducir derechos» a cuenta de los cambios previstos en la Resoga (Renta Social Garantizada). En el debate de política general Prohens anunció que se endurecerán las condiciones de acceso ampliando de uno a tres años la residencia mínima exigida. Un asunto en el que también se hablaba de «efecto llamada», algo que ha recriminado Lamin.
«Mienten y engañan con una presidenta que hace del racismo su forma de gobernar. Hablan de humanismo cristiano mientras recortan derechos, no hay nada más anticristiano. Usted ha venido a aplicar la agenda racista e inhumana de Prohens», ha lanzado Lamin a la consellera de Benestar Social, Sandra Fernández.
La interpelada ha defendido, por su parte, que la renta garantizada «volverá a su origen, a la redacción y espíritu original con el que se alcanzó consenso». Según la consellera, lo que se hará es asegurar un «proceso previo de intervención social». «Lo que no hacemos es mentir prometiendo oportunidades a todo aquel que venga cuando no podemos ofrecérselas», ha dicho. A eso ha añadido que «racismo es no poner recursos para luchar contra las mafias que trafican con personas, dar carta de naturaleza para luego desentenderse y provocar más vulnerabilidad».
El PP también ha votado en contra de imponer la uniformidad obligatoria en los centros educativos y prohibir el hiyab, y se abstuvo en los puntos sobre impedir que se imparta religión islámica o regular la confección de menús en los colegios (Vox lo relacionaba con las costumbres halal). En cambio, el ha suavizado otras propuestas de Vox con un texto alternativo; como instar al Estado a facilitar información sobre la llegada de inmigrantes ilegales donde antes se hablaba de crear un registro autonómico de inmigrantes y menas.
La postura del PP ha irritado a Vox. Sergio Rodríguez alertó de una «invasión» que amenaza los valores occidentales y avisó al PP de que el discurso de Prohens sobre la inmigración controlada «tiene que venir acompañado de hechos o se queda en una mera declaración de intenciones».
Vehicularidad
Esta queja la ha extendido a la vehicularidad del castellano en la enseñanza. «Ustedes sólo querían cambiar un articulito de la ley y hala, ya hemos cumplido con Vox y que no mareen», recriminó Rodríguez. A esto, la portavoz adjunta del PP, Marga Durán, ha insistido en que no pueden aceptar la modificación legal promovida por Vox: «No es lo que firmamos. Estamos dispuestos a entrar cuando ustedes quieran la modificación real de la vehicularidad de las dos lenguas».
En las votaciones, Vox ha permitido que se aprobaran algunas propuestas del PSIB que no apoyaba el PP: entre ellas, un tirón de orejas por los atascos esta legislatura y otra sobre una reforma del Estatut d’Autonomia para blindar un mínimo de financiación para servicios básicos.
Fra Oleguer del Solitari MonDeus esser s'únic participant des fòrum que lletgeix en Ramon Llull! 🤣