La ley de Vox para la vehicularidad del castellano en la educación podría llegar al pleno el próximo martes para su toma en consideración. El partido quiere adelantar este debate y que la iniciativa pueda ser incluida en el orden del día de la próxima sesión, algo que se decidirá este miércoles, en unas horas, en la Mesa del Parlament y la Junta de Portavoces. Todo apunta a que esa propuesta de programación saldrá adelante, porque los partidos suelen respetar este tipo de peticiones por cortesía parlamentaria, como ocurrió la semana pasada cuando Més solicitó incluir su ley para subir la ecotasa.
El debate llega en pleno pulso entre PP y Vox por el techo de gasto y con el eco de las elecciones adelantadas en Extremadura. Las negociaciones en Balears para desencallar el primer paso para unos presupuestos apenas se han iniciado, mientras el Govern mantiene congelado el trámite parlamentario al no haber registrado la documentación correspondiente en la Cámara.
Este mismo martes la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, denunciaba que todavía no tienen el calendario de cumplimiento de acuerdos previos que su grupo pedía como condición para plantearse siquiera la negociación. Y tras el encuentro del pasado jueves, que fue tratado por todos como una primera toma de contacto, ni Vox ni el PSIB tienen hoy por hoy una segunda fecha para sentarse con el conseller, Antoni Costa.
La propia Cañadas salió de esa reunión recomendando al PP que apoye la toma en consideración de su ley educativa como gesto para demostrar que están dispuestos a negociar. Vox argumenta que se podría admitir a trámite la ley y después incorporar las modificaciones que se consideren oportunas. En el PP, en cambio, intentan consensuar otra fórmula para presentar un nuevo texto conjuntamente con Vox o presentarán su propia propuesta de ley por su cuenta, pero en todo momento han mantenido que no respaldarían la admisión a trámite de la iniciativa ahora sobre la mesa porque implicaría traspasar sus líneas rojas al fulminar la autonomía lingüística de los centros y el decreto de mínimos.
La vehicularidad del castellano fue uno de los acuerdos que firmaron PP y Vox para aprobar el presupuesto de 2025 el pasado verano. Pero cuando Vox registró la propuesta el PP se llevó una sorpresa. «Esta proposición de ley no tiene nada que ver con nuestros acuerdos», protestó el portavoz 'popular', Sebastià Sagreras. El 'no' del PP tuvo una respuesta contundente en las filas de Vox, que tumbó el decreto para acelerar inversiones estratégicas, y todo desembocó en serias advertencias cruzadas entre Cañadas y la presidenta Marga Prohens en el debate de política general. «¿Es que cree que sólo usted tiene líneas rojas?», le lanzó Cañadas.
Vox y educación?? Esto es como intentar mezclar agua y aceite.