Baleares continúa su batalla legal por el reparto de menores migrantes no acompañados. El Consell de Govern ha aprobado este viernes tres recursos judiciales, uno ante la Audiencia Nacional y otros dos ante Juzgados de Canarias, con los que pretende evitar tener que acoger menores de esa Comunidad. El Govern alega que las derivaciones forzadas «podrían poner en riesgo tanto a los menores como la sostenibilidad del sistema de protección de Baleares».
Estos recursos se suman al que ya presentó Baleares ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto del reparto de menores. En ese procedimiento ya solicitó suspender las derivaciones como medida cautelarísima pero el Tribunal lo denegó.
Los nuevos movimientos aprobados este viernes indican que el Govern plantará cara en todos los frentes posibles. En el caso de los Juzgados de Canarias, lo que se impugna son las negativas de la Delegación del Gobierno en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife a paralizar el traslado de dos menores en concreto, los dos primeros que tenían que llegar a Baleares. Ninguno de ellos está todavía en la Comunidad.
En cuanto al proceso ante la Audiencia Nacional, se combate la resolución de la presidenta de la Conferencia Sectorial de la Infancia y Adolescencia el pasado 5 de septiembre, por la que se desestimaba la solicitud de Baleares de declarar la contingencia migratoria extraordinaria, lo que la exoneraría de tener que recibir menores de otras Comunidades. Esa consideración sí la tienen Ceuta y Melilla además de Canarias.
El Real Decreto que establecía la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de estos menores asignaba a Baleares una capacidad de 406 menores. La Comunidad ya puso en duda los criterios utilizados para fijar esa cifra por considerarlos arbitrarios. Baleares pidió la declaración de contingencia cuando ya tendía a 694 menores, y la cifra ya ha aumentado a 745, indican en el Govern. El Estado rechazó la solicitud sosteniendo que no se superaba el umbral legal.
El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha informado de estas nuevas iniciativas judiciales tras el Consell de Govern. En la rueda de prensa ha comentado también la visita de la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, el pasado lunes; el conseller cree que vino a «echar un cable» al delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, tras la controversia sobre Frontex, pero al mismo tiempo considera que lo desautorizó al defender la utilidad de la agencia europea. «Se ha tenido que enviar a Aina Calvo porque parece que el delegado del Gobierno no podía dar las respuestas», ha declarado el portavoz del Govern balear.
En sus países de origen hay sitio de sobra para esos "menores" (que nunca lo son)