La vida de Paloma Alcahuz dio un vuelco un día como cualquier otro cuando mirando un programa de televisión se vio reflejada en el espejo. La joven que tenía en la pantalla era idéntica a ella. Misma edad, mismos rasgos… Su cerebro hizo un click. Llevaba toda su vida sospechando que mintieron a sus padres al decirles en el hospital de la Sang de Palma que solo ella había sobrevivido al parto.
Alcahuz decidió que no renunciaría a conocerla. Hoy es la vicepresidenta de la asociación Orígenes de Baleares que desde su fundación hace ya casi 20 años ha asesorado a más de 300 familias que buscan a sus hijos, hermanos o padres robados. La ardua tarea de localizar a su gemela no ha dado hasta ahora los frutos que esperaba.
Únicamente tres de los más de 300 afectados en Orígenes han podido reencontrarse con sus parientes biológicos. Tonina Morro, sustraída de sus padres y dada en adopción sin consentimiento con la complicidad de un sacerdote y una monja, fue la primera niña robada de Baleares en localizar y conocer a su familia biológica.
El abogado Miquel Morro, es fundador y presidente de la entidad que trata de rescatar del olvido un delito silenciado en España durante décadas. Las desapariciones forzosas son un crimen de lesa humanidad según el derecho internacional, pero ninguno de los afectados ha conseguido la condena judicial contra los perpetradores en Baleares. Y es que, aunque los crímenes contra la humanidad no prescriben nunca, igual que ocurre con las desapariciones forzosas de los represaliados de la Guerra Civil y el Franquismo, la justicia española ha dado por buena hasta ahora la prescripción de estos delitos por el tiempo transcurrido desde que se cometieron.
La tercera persona que consiguió encontrar a los suyos prefiere conservar su anonimato. «Son tres casos entre más de 300 familias, eso da una idea del desamparo que sufrimos las víctimas», reflexiona Alcahuz.
La Ley 2/2018, de 13 de abril, de Memoria y reconocimiento democráticos de las Illes Balears, que ahora quiere derogar Vox con el apoyo del PP, otorgó la condición de víctimas a los niños y niñas robados que fueron dados en adopción sin la autorización de sus padres entre los años 40 y los años 90 aunque el mayor número de casos se concentra entre la década de los 60 y los 70.
La normativa autonómica establece la obligación de que el Govern balear, en colaboración con otras administraciones y organismos examine la desaparición forzada de niños y niñas impulsando los procedimientos legales que permitan investigar y conocer toda la verdad sobre estos delitos que la Comisión de Naciones Unidas califica como de lesa humanidad.
Sobre el papel garantiza también a las víctimas cobertura, psicológica, asistencial y jurídica, siendo esta última especialmente importante, ya que los bancos de ADN necesitan estar amparados por la legislación y tutelados por las autoridades.
La legislatura pasada la Conselleria de Memòria Democràtica anunció la creación de un centro de atención y orientación a las víctimas que nunca llegó a funcionar. La derogación de la Ley de Memòria, daría carpetazo definitivo a esa iniciativa.
Las víctimas de la sustracción de menores en Baleares trabajan en estrecha colaboración con otras entidades de España. Luchan por la creación de un banco nacional de ADN para todos los afectados que permita cotejar las muestras. «Hasta que no veamos resultados ya no nos creemos nada, porque desde el año 2010 se ha venido diciendo que se haría un registro único», dice Alcahuz.
La Orden estatal JUS/2146/2012, del 1 de Octubre establece un procedimiento para que todos los perfiles de ADN realizados por los diversos Laboratorios del Estado puedan registrarse de forma centralizada en el Fichero 120 Perfiles de ADN de Personas afectadas por la sustracción de Recién Nacidos gestionado por el INTCF. Es decir, de forma gratuita se garantiza a todos los afectados la inscripción de su Perfil Genético ya realizado, tanto en un Laboratorio Público como Privado, siempre que cumpla con las debidas garantías.
Esas garantías pasan por disponer de una denuncia policial previa, algo que no todas las víctimas quieren hacer, por lo que implica para los padres adoptivos con los que se han criado . «Como comprenderás yo quiero que con o sin denuncia se nos dé ese derecho. Hemos presentado denuncias primero particulares y luego en bloque para que todos los afectados recibamos el mismo tratamiento. En mi caso la Policía Nacional de Homicidios investigó pero no se ha llegado a nada porque los médicos fallecieron», lamenta Alcahuz. Lo que cuenta la gemela que busca a su hermana es habitual en la mayoría de casos.
La inminente derogación de la ley autonómica de Memòria ha caído como un jarro de agua fría en Orígenes. Su presidente Miquel Morro escribió de su puño y letra el texto de la disposición adicional tercera que se refiere expresamente a la desaparición forzada de niños y niñas de este modo: «El Gobierno de las Illes Balears, en colaboración con otras administraciones y organismos, examinará la desaparición forzada de niños y niñas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, impulsará los procedimientos legales que permitan investigar y conocer toda la verdad sobre estos delitos calificados por la Comisión de Naciones Unidas en su informe sobre personas desaparecidas como de lesa humanidad y dotará de cobertura jurídica, psicológica y asistencial a las víctimas».
«Lo escribí yo y no me cambiaron ni una coma», dice Morro. Desde que se aprobó esta normativa autonómica el principal cambio que han notado las víctimas es que se garantiza el acceso a todos los archivos públicos. «Aunque deroguen la Ley de Memòria Histórica de Baleares, no van a derogar el olvido y la memoria. Buscaremos otros medios y armas para encontrar la verdad porque no hay otra forma. No hacer nada no entra en nuestros planes, lucharemos de otra manera, pero no sabemos como», dice el presidente de Orígenes.
Tras casi dos décadas de investigación la asociación de víctimas de Baleares sabe al dedillo cómo fue el modus operandi. «Hicimos un excel para ver las conexiones que hay entre casos y en la mayoría decían a los padres biológicos que habían nacido muertos, incluso tenemos un matrimonio en la asociación con el que conseguimos abrir el nicho del bebé y dentro de la caja solo había algodón», relata su presidente.
Los robos se produjeron en hospitales públicos de Baleares. En el Hospital General de Palma estaba la llamada ‘Sala de la Vergüenza’ a la que llevaban a parir a las madres solteras y a las prostitutas. «Estaba en el primer piso y a la mayoría de madres que pasaban por esa sala les decían que sus hijos habían nacido muertos, todos pasaban por las manos de la misma monja», relata Morro. No obstante el robo de bebés no se circunscribe exclusivamente a las madres solteras. «Hay de todo, no tenían compasión, también se lo hicieron a matrimonios», añade.
Mallorca siempre ...parada y fonda de todo tipo de delicuentes.....y pasan a nuestro lado