Patronales y sindicatos difieren sobre la utilidad del estatuto del becario, cuyo anteproyecto de ley acaba de ver la luz dos años después de que el Ministerio de Trabajo lo planteara. Para los empresarios, dificulta la inserción laboral de los jóvenes, mientras que, según los representantes de los trabajadores, acaba con la figura del falso becario y protege los derechos laborales del estudiante en prácticas.
La norma, que busca enmendar la precariedad que sufren muchos estudiantes en prácticas, reduce a la mitad, hasta 480 horas, el máximo de prácticas extracurriculares y compensa los gastos de desplazamiento y manutención de los estudiantes que no perciban una nómina.
También obliga a establecer un convenio entre ambas partes, con las tareas ajustadas al contenido del plan de formación, y reconoce el derecho de los estudiantes a disfrutar festivos y vacaciones, compatibilizando las prácticas con el resto de actividad formativa.
La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, asegura no haber recibido el texto del anteproyecto pero recuerda que durante la negociación del Estatuto del Becario, CEOE ya advirtió que el desarrollo reglamentario debía hacerse con la participación de los ministerios de Educación y Universidades. Señala que la propuesta incluye límites al número de personas en prácticas y por tutor, así como una reducción de la duración de las prácticas extracurriculares y la exclusión de algunas modalidades formativas, «condiciones que el tejido empresarial no podría asumir y que dificultarían a los alumnos realizar sus prácticas obligatorias». Planas advierte que «estas restricciones, junto a la falta de desarrollo del contrato formativo desde la reforma laboral de 2021, podrían perjudicar gravemente la inserción laboral de los jóvenes».
Desde la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca, PIMEM, ven positivo que las prácticas no remuneradas coticen de cara a la protección de los becarios, si bien consideran que no debe recaer en las pymes ni en los autónomos. Para su presidente, Jordi Mora, «el estudiante en prácticas no presta un servicio económico, sino que realiza una actividad formativa. Si el Estado quiere que esas prácticas coticen, debe asumir o financiar esa cotización a través de los centros educativos o de un fondo público específico. No se debe penalizar a las pequeñas empresas que colaboran de buena fe con la formación práctica, porque hacerlo solo reducirá las oportunidades reales de los estudiantes».
Por su parte, el secretario general de UGT Illes Balears, Pedro Homar, considera que el anteproyecto acaba con la figura del falso becario «para que los estudiantes en prácticas dejen de ser mano de obra barata». Según Homar, «vamos hacia un modelo que prioriza la formación real y los derechos y el Estatuto del Becario sigue la estela de protección iniciada en 2024 con la cotización de las prácticas no laborales». Entre los avances que implica la norma, Homar destaca «la limitación de las prácticas extracurriculares, la que más fraude generaban al no estar directamente vinculadas a la formación reglada. También la compensación de gastos si las prácticas no son remuneradas y la igualdad de derechos con la plantilla, con límites de jornada y vacaciones».
La secretaria de empleo de CCOO Illes Balears, Mariàngels Aguiló, considera que la noma pretende dignificar y garantizar los derechos de las personas en prácticas formativas no laborales al mismo tiempo que se lucha contra la existencia de los ««falsos becarios» y la precariedad laboral. «Nos parece esencial que se vele para que sean prácticas formativas de verdad y que no sirvan para sustituir tareas laborales, lo que ha supuesto una fuente de precariedad y fraude», asegura.
Para Aguiló, «el acceso a estas prácticas debe ser gratuito para la persona estudiante y también debe cubrir los gastos que se deriven de su actividad. Y la tutorización debe ser de calidad, con un máximo de alumnos por tutor además de dotar de formación, tiempo y reconocimiento a quien lleve a cabo la tutoría».
Aguiló reclama que la mayor demanda de plazas para la realización de prácticas formativas no laborales vaya acompañado de garantías, «sobre todo cuando queremos que el personal trabajador cuente con las herramientas y competencias necesarias para adaptarse a las transformaciones del mercado laboral».
Me parece muy bien lo del estatuto, no digo q siempre,pero a veces abusan d los becarios, con mis hijos hemos tenido suerte,y han hecho lo q tocaba.