La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha insinuado este martes en el pleno del Parlament que el PP habría pactado en privado abrir las áreas de transición en los municipios donde gobierna, pero que ahora se desdice por motivos electoralistas. «A las reuniones privadas con el PP habrá que ir con una grabadora para que quede constancia de lo que se dice y acuerda», ha dejado caer la diputada, con visible enojo, después de que la presidenta del Govern, Marga Prohens se haya amparado en la autonomía de cada municipio para explicar por qué ningún ayuntamiento se ha acogido todavía a esta figura, que los dos partidos pactaron en la Ley de Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE).
Cañadas ha lanzado también una advertencia al conseller de Vivienda, José Luis Mateo, porque según la diputada «estuvo» en esas reuniones para pactar el decreto y «va a tener que comparecer en este pleno». Sus palabras han generado un gran alboroto entre los diputados, sobre todo entre la izquierda. El siguiente en tomar el micrófono era justo el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, que ha instado a Prohens a dar explicaciones sobre las insinuaciones de Cañadas.
Negueruela ha instado a Prohens a «comparecer para explicar qué se habla en esas reuniones privadas» y si se acuerdan en «despachos secretos» modificaciones urbanísticas que afectan a intereses de constructores. Para el socialista la tensión con Vox demostraría que el Govern está inmerso en un «bloqueo» y que Prohens «tiene un problema enorme». «Estaría temblando si alguien dice que lo que negocia conmigo hay que grabarlo», ha rematado el portavoz del PSIB.
Proyectos Residenciales Estratégicos
El rifirrafe venía a cuenta de la Ley de Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE), que primero fue un decreto ley para desbloquear suelo sólo en Palma y que después se tramitó como proyecto de ley y se amplió al resto de municipios. Durante las negociaciones PP y Vox acordaron permitir recurrir al suelo rústico de las áreas de transición en municipios de más de 20.000 habitantes sin necesidad de haber agotado el urbanizable; la ley introducía un mecanismo por el que cada ayuntamiento puede auto-excepcionarse alegando razones de emergencia habitacional.
Los ayuntamientos tienen un año a contar desde la entrada en vigor de la ley (es decir, desde el pasado verano) para acogerse a ese régimen mediante un acuerdo expreso de pleno, pero hasta la fecha ningún municipio lo ha hecho. Este martes Vox ha dado a entender que las localidades gobernadas por el PP no impulsan esta medida por una orden política para evitar «problemas antes de las elecciones» vista la contestación social de vecinos y entidades ecologistas. «Son en 2027, a no ser que usted quiera convocarlas antes», ha deslizado Cañadas a Prohens. La diputada de Vox ha considerado «una negligencia» no desbloquear este suelo: «A las familias que buscan vivienda les da igual dónde, sólo quieren un hogar lejos de cálculos partidistas y disputas entre partidos. Dejen sus miedos a un lado y abran las áreas de transición donde existan proyectos planificados».
Prohens ha respondido recordando los requisitos recogidos en la Ley y expresando su respeto por la autonomía municipal: «Mi Govern no les dice ni dirá lo que deben hacer». Además ha recordado a Cañadas que en cuatro de los municipios que pueden acogerse, Vox forma parte del equipo de gobierno; y que en Palma, donde el partido brinda apoyo externo al alcalde Jaime Martínez, fue Vox quien manifestó públicamente que estaba en contra.
Dios mío cómo está el Corral....