La consellera de Salud, Manuela García, ha informado este martes que la auditoría externa que contrató el Servei de Salut (Ib-Salut) para revisar la contratación de emergencia durante la pandemia de COVID constata que en prácticamente todos los expedientes se omitieron trámites y pasos de la Ley de Contratos del Sector Público. La afirmación ha indignado al PSIB: contradice frontalmente a la consellera al señalar que, precisamente, aquellos contratos no se regían por esa Ley sino por normativa especial Covid. Por ello los socialistas subrayan el «absurdo» de someter el examen a una ley que estaban exentos de aplicar: «Es falso que sea ilegal».
La información ha surgido en la sesión de control al Govern en el Parlament. La consellera de Salud, Manuela García, respondía a una pregunta parlamentaria de Vox por las conclusiones de este análisis, que se ha limitado a aquellos suministros superiores a los 100.000 euros, en total 60 expedientes. Según García, el estudio de esta empresa independiente detecta omisiones de «aspectos esenciales de la Ley de Contratos del Sector Público» que van del 60 % al 96 %, dependiendo del trámite bajo examen. Por ejemplo, «en casi la totalidad de los expedientes no había actas de conformidad ni constaba fehacientemente la recepción del material» ni «existía un documento formalizado por escrito». Además, «en la mayoría de los expedientes, el informe que justifica la necesidad del contrato se elaboró una vez ya se había iniciado la ejecución»; y «una una parte muy importante de los contratos ni siquiera llegó a publicarse en el perfil del contratante, como exige la Ley».
Por ello García ha defendido que «la gestión del Govern de Armengol durante la pandemia estuvo marcada por una ausencia generalizada de controles, de documentación y de garantías legales». Las conclusiones contrastan con las de un informe de la ahora extinta Oficina Anticorrupción, que avaló en general la contratación en pandemia, aunque cabe reseñar que se publicó en octubre de 2020, y la crisis no se daría por acabada hasta 2023. Lo que sí reseñó la oficina fueron actuaciones puntuales» que podían mejorarse y cuestionó el uso del procedimiento de emergencia para determinados expedientes. Por su parte, la diputada que ha formulado la pregunta, Patricia de las Heras, ha apremiado al Govern a entregar los resultados definitivos de esta revisión, y no conclusiones «preliminares» como las ha calificado la consellera.
En el PSIB han censurado la actitud de la consellera y defendido la gestión en pandemia, recalcando que todos los procesos pasaron por el filtro de Intervención. «Hoy justamente es mal día para esto: los únicos detenidos de gobiernos locales y autonómicos por su contratación ilegal de mascarillas son del PP, el de Almería concretamente. En lo que afecta a Baleares, el juez de la audiencia nacional, Ismael Moreno, dijo que 'no hay un mínimo soporte probatorio' para investigar, ni siquiera para citar como testigo, a nadie de Baleares», declaran fuentes socialistas.
bueno ya veremos , todo huele mal por todos lados, y nadie asumira su responsabilidad.