«Tenemos un problema de oferta gravísimo y necesitamos construir»

La vivienda es el gran problema para los ciudadanos de  Baleares  y el conseller d’Habitatge, José Luis Mateo, asegura que el Govern trabaja para revertir la situación, pero también mira para atrás, a lo que hizo el Ejecutivo balear en la anterior legislatura.

El precio de la vivienda ha subido un 30% desde que gobierna Marga Prohens. ¿Qué está pasando?
—No existe una solución inmediata a un problema como este. Recogemos ahora los frutos de una política que, durante ocho años, nos ha traído un aumento del 90 %  y solo iniciaron poco más de 500 viviendas. Nosotros estamos ahora sembrando todo lo que pretendemos recoger durante el final de la legislatura y, por muy ágil que vaya todo el proceso, no te libras por menos de tres o cuatro años.

La presidenta ha anunciado que el año que viene se activarán mil viviendas. ¿Cuándo las veremos
—Hemos aprobado un procedimiento exprés para las viviendas de promoción pública. ¿Qué nos garantiza esto? Acelerar todos los procesos. Nos saltamos un periodo de uno a tres años, pero prefiero no dar fechas para la entrega de llaves. Me duele cuando desde la oposición esgrimen algunos argumentos que son mentiras. Lo que no vamos a hacer nosotros es asumir la responsabilidad de la izquierda; asumimos la nuestra.

Y mientras tanto, ¿qué se hace? ¿No se pueden limitar los precios del alquiler?
—Hay informes que de forma expresa y contundente señalan que el topaje de los precios del alquiler en Catalunya ha sido un total, absoluto y rotundo fracaso. Hay comunidades autónomas del PSOE que no aplican esta medida y, si fuera un éxito rotundo, todo el país la estaría aplicando. La ministra Isabel Rodríguez ya reconoce que   es un problema de oferta. Mientras tanto nosotros seguiremos con los tanteos y retractos y con el programa Lloguer Segur.

Construir, construir, construir, dice la presidenta. ¿Están empezando a ver promociones de esas 10.000 viviendas en Palma?
—La respuesta en el caso de Palma es muy clara. Ya tenemos dos proyectos residenciales que han entrado en el ayuntamiento, el de Son Güells y Son Puigdorfila. Estamos hablando de casi 4.000 viviendas y más de la mitad son a precios asequibles. Los constructores y promotores me transmitieron total tranquilidad, total confianza y total seguridad, que es la que transmitimos y tratamos de hacer nosotros desde este gobierno.

Hay  suspicacias sobre la posibilidad de que la urbanización en suelo rústico sea para beneficiar a determinados propietarios.
—Sigo sin saber, sin conocer y sin tener ni la más mínima idea de quién es la propiedad de ningún suelo, ni urbano, ni urbanizable, ni en área de transición de ningún municipio de Baleares. Lo desconozco y lo quiero seguir desconociendo, porque yo no gobierno para ningún propietario ni promotor: nosotros gobernamos   para dar solución a los problemas de los ciudadanos de Baleares. Tenemos un problema de oferta gravísimo y necesitamos construir y lo que no se puede hacer es solucionar el problema de la vivienda sin construir. Esto es la cuadratura del círculo, esto es un imposible.

¿Le tengo que preguntar a Vox por ese interés en urbanizar en rústico?
—Los ayuntamientos son los que deben abrirse a las áreas de transición. El Govern les proporciona opciones y los ayuntamientos eligen las que consideren oportunas.

El 15% de las compras de vivienda las hacen empresas con fines especulativos.
—Todas nuestras medidas van dirigidas    a generar vivienda para residentes y, además, a precios asequibles. Por eso, por ley, se ha instaurado la necesidad de esos cinco años de residencia mínima en la comunidad y por eso no tenemos ningún inconveniente en aceptar aquellas propuestas de ayuntamientos que nos piden más años de residencia.

¿No estamos volviendo demasiado a la tribu?
—Es normal que el ayuntamiento de un municipio que nos cede el suelo para construir nos ponga sus condiciones. Son muy conscientes del problema que tienen sus ciudadanos en su municipio y por eso nos ruega, nos pide que apliquemos más limitaciones porque son los primeros que viven la realidad de su ciudadanía.

¿Y del Plan de Vivienda Estatal se ha vuelto a saber algo?
—Tras la última sectorial creo, de verdad, que hubo un cambio de rumbo. Lo que no puede ser es que en una materia tan importante el plan se elabore de forma unilateral y sin contar con aquellos que tienen la competencia estatal en la materia. Creo que han recogido el guante y parece que se van a aceptar algunas de nuestras peticiones.

Aumentar el tope del precio de la vivienda a 1.200 euros para las ayudas al alquiler.
—Tenemos la duda de si va a ser un aumento general que va a establecer el propio plan estatal o    después se firmará un convenio entre cada autonomía.

¿Se mantiene la penalización a las comunidades, como Baleares, que no han topado los alquileres?
—El plan mantiene la penalización, o digamos, el premio a quienes topen los alquileres. No vemos de recibo que tengan una prioridad, una preferencia aquellos que apliquen determinadas materias son decisión exclusiva de la comunidad autónoma. También pedimos que se suba el porcentaje destinado a construcción ahora que, por fin, han caído en la cuenta que es un problema de oferta. También que las rehabilitaciones pueden ser también ser integrales, que no ayudarían para el programa Lloguer Segur.

¿Ya ha quedado descartada una nueva ley de vivienda?
—La verdad es que aprobación de las leyes en nuestro Parlamento es ahora compleja.