El Ministerio Fiscal solicita sendas penas de cinco años y medio de prisión a una pareja alemana que tenía el mayor criadero ilegal de tortugas de Europa en la finca de Llucmajor donde tenían fijada su residencia. El Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil se incautó en entre junio y julio de 2018 de 1.063 ejemplares de más de 70 especies valorados en más de 545.000 euros. Están acusados de un delito contra la fauna, de contrabando y de blanqueo de capitales. También se sentará en el banquillo un empresario que regentaba una tienda en Barcelona de reptiles y que, según la acusación pública, participaba en la compra y venta de especies protegidas. Ambos fueron arrestados y estuvieron más de 15 días en prisión.
El juicio contra los tres imputados está previsto que se celebre a principios del año que viene en la Audiencia Provincial de Palma.
Cría y comercialización
Tal y como relata la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Ultima Hora, los principales acusados, sin que ninguno de ellos tuviera estuviese capacitado para la cría y comercialización de especímenes CITES (Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), poseían en la finca de Llucmajor en la que residían multitud de ejemplares de quelonios. Ambos sabían que muchos ejemplares que poseían, tanto adultos como crías o huevos, pertenecían a especies protegidas.
El 27 de junio de 2018, días después de detectar un envío de tortugas de la especie Cohauila con otra documentación en el aeropuerto de Palma, agentes del Seprona, en compañía de dos inspectores de la autoridad administrativa CITES, registraron la finca donde residían los procesados. Allí comprobaron cómo la pareja de germanos tenían una importante logística dedicada a la cría y reproducción de los ejemplares de tortugas tanto acuáticas como terrestres y de bosque, así como galápagos. Los funcionarios descubrieron varias filas de piscinas de plástico y varios terrarios. En dos habitaciones de la vivienda había neveras e incubadoras para los huevos y las crías que iban naciendo. Entre ese día y el 12 de julio se incautaron de un total de 1.063 especímenes cuyo valor económico, sumando el de los ejemplares nacidos en las instalaciones procedentes de los huevos decomisados, era de 545.712 euros.
Los animales fueron trasladados a las instalaciones de la Fundación Natura Parc, donde quedaron bajo custodia judicial. Según la acusación pública, el mantenimiento de estos ejemplares ha generado gastos superiores a los 187.000 euros, que el Estado ha venido abonando y cuya devolución se reclama a los acusados como responsabilidad civil.
El Ministerio Público continúa narrando que, al menos durante 2017 y el primer semestre de 2018, los acusados vendieron un número indeterminado de ejemplares, algunos de ellos protegidos, al tercer procesado, a un varón español que regentaba una tienda de reptiles en Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. Para él la acusación pública solicita dos años de cárcel. En su negocio hallaron 58 ejemplares.
La pareja de procesados, según la Fiscalía, blanqueaba el dinero que percibían de la venta ilegal de tortugas y otros quelonios protegidos. Los investigadores hallaron multitud de cuentas bancarias cuyo objetivo dificultar la identificación del origen del dinero. Por este delito, además de a dos años de cárcel, afrontan el pago de una multa de 558.933 euros.
Encima que se cuidan de una raza autóctona van y les pretenden condenar!!! Las gracias deberíamos darles los mallorquines y los gobernantes. El mundo al revés!!!