El sector del taxi ha pedido este miércoles a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que frene la «hecatombe» que representan para el colectivo las 10.000 licencias de VTC solicitadas en Baleares. Unas 3.500 de ellas corresponden a Mallorca y más de 6.000 a Ibiza; permisos que necesitan empresas como Uber, Bolt y Cabify para poder operar en las Islas. Se presentaron en 2023 ante la expectativa de cambios legislativos y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) obliga al Govern a darles trámite.
El Parlament aprobó una moratoria para contener la avalancha de solicitudes hasta tener un reglamento que determine la oferta del servicio, pero estas licencias han quedado fuera de esa suspensión. La preocupación cunde en el sector del taxi tras la sentencia del TSJIB; el Tribunal determinó que el Govern debe reexaminar 600 solicitudes de una empresa en concreto, pero el ejemplo sería extensivo al resto de peticiones pendientes.
El fallo anulaba la principal herramienta de la que se había dotado la Comunidad para poner coto a los vehículos sin conductor, una ratio en relación con el número de taxis (un VTC por cada 12,6 taxis en Mallorca) que en la práctica servía para establecer un techo máximo. El TSJIB considera que ese criterio no estaba suficientemente justificado. La sentencia no implica la concesión automática de estas licencias, pero sí fuerza a la administración a reconsiderarlas caso por caso.
Por ello, en una reunión mantenida este miércoles en el Consolat de Mar, la Federación Independiente del Taxi de Baleares ha sugerido al Govern otro resquicio legal al que aferrarse para denegar las peticiones. Los taxistas argumentan que se trata de una autorización estatal (que otorga el Govern por delegación de competencias) que no debería ser válida para operar en Baleares por la falta de vías de titularidad del Estado. El transporte que prestan los VTC sería fundamentalmente urbano o insular, siendo imposible traspasar las fronteras autonómicas por carretera, y por tanto los taxistas proponen al Govern que utilice este argumento para no autorizarlas.
La llegada de estas licencias «sería insostenible para el modelo económico» de Baleares, ha declarado el presidente de la Federación, Gabriel Moragues, que sin rodeos ha hablado de «mafias» que «especulan con un bien público». Los taxistas advierten que en otras partes de España ya se ha detectado que empresas de inversión adquieren las licencias pagando una tasa irrisoria para luego venderlas por mucho más precio, logrando con ello beneficios millonarios.
El sector avisa de que el desembarco de estas empresas en Baleares es «inasumible» para la rentabilidad del colectivo y también se quejan de incumplimientos de normativa y de la competencia desleal que les supone el VTC: «Uber cobra más barato en invierno y luego cuatro veces más en verano. Están los coches captando clientes en el Paseo Marítimo, que no pueden hacerlo. Uber no quiere convivir», ha denunciado Moragues.
«Tenemos que preguntarnos qué modelo queremos para las Islas: 2.500 taxis, 2.500 familias, 2.500 pequeños negocios, o dos o tres grandes operadores especulativos que hacen trampas», ha señalado por su parte el presidente de Pimem, Jordi Mora. La patronal avisa del impacto que tendría sobre el territorio la llegada masiva de coches cuando en Mallorca el debate es precisamente cómo poner límites.
123Ma mare, jubilada i en movilidad reduida, cada vegada que necesita un taxi per anar en es metge es un missió imposible. Es fills hem de deixar sa faina per acompanyarla, es una vergonya. Palma necesita moltes MES llicències de taxis. Vergonya cavallers, vergonya.