El Gobierno de España ha propuesto a la Comisión Europea que le permita limitar en Canarias la compra de viviendas que no se vayan destinar a uso residencial. Baleares no se incluye, ya que no es una región ultraperiférica y esta iniciativa se enmarca en un paquete de medidas que el Ministerio de Asuntos Exteriores pretende incluir en la futura simplificación de la normativa de estas zonas. Sin embargo, el acceso a la vivienda en el Archipiélago balear es, incluso, más complicado que en el canario.
En concreto, el precio del metro en Baleares está a 4.002 euros, según el Portal Estadístico del Notariado, por lo que para comprar un piso de 80 metros cuadrados son necesarios 320.160 euros; en Canarias se vende a 2.139 euros, por lo que una vivienda de la misma superficie es suficiente con 171.120 euros. Por tanto, una casa en el Archipiélago balear cuesta un 46,46 % más que en el canario. La emergencia habitacional ya ha motivado varias movilizaciones, en las que miles de personas han salido a las calles de las Islas para exigir soluciones.
Ultima Hora ha preguntado a expertos en vivienda y a afectados por las dificultades de acceso si, pese a que Baleares no es ultraperiférica, el Gobierno de España también debería solicitar a la Europa que permita limitar la compra de viviendas que no sean para vivir. Laura Pérez, miembro de la plataforma 'Mallorca no es ven', lo tiene claro: «Por supuesto». A su modo de ver, «limitar la venta a residentes en Baleares no es una medida arbitraria, sino una respuesta necesaria para asegurar el equilibrio económico, social y ambiental del Archipiélago, garantizando un futuro más justo y sostenible para su población». Pérez argumenta que la limiración de la compra de casas «no debe verse como una exclusión, sino como una herramienta responsable adaptada a una realidad excepcional. Proteger a los residentes es, en este sentido, proteger la identidad y la sostenibilidad humana del territorio».
Desde el Govern responden que están «centrados en un plan de choque que facilita vivienda asequible solo para residentes en Baleares, para la gente de aquí: viviendas para uso residencial, con calificación permanente (tanto vivienda protegida como de precio limitado). Por tanto, no para dar pie a la especulación ni para uso turístico. Un plan serio y sin generar falsas expectativas». Desde la Conselleria d'Habitatge han apuntado que estarán «pendientes de la evolución y avances que pueda tener esta propuesta relativa a Canarias». Además, han recordado que le han propuesto anteriormente al Ministerio de Vivienda que el Plan de Vivienda asequible de la UE tenga especial sensibilidad y trato diferencial para aquellos territorios limitados, como las islas; y que, además,tengan un grado importante de incidencia turística sobre el uso residencial».
Por último, han resaltado que «el Govern está trabajando en las instituciones europeas hacia un régimen especial europeo para las islas, con políticas diferenciadas, vinculadas principalmente a la transformación del modelo económico». Además, han concretado que el Ejecutivo autonómico está «trabajando en este objetivo de manera seria y sin jugar con las expectativas de la ciudadanía».
El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, considera «necesaria una respuesta común por parte de la Unión Europea (UE) para afrontar la crisis habitacional que se vive en España y en otros países europeos donde cada vez es más difícil el acceso a una vivienda asequible. Esta emergencia habitacional requiere medidas conjuntas y valientes, como la limitación de la compra de viviendas a quienes no vayan a residir en ellas en entornos con el mercado tensionado, como obviamente es el caso de Baleares, en la que el hecho insular y turístico aún tensiona más este mercado. La vivienda debe ser un derecho y no un privilegio». A su modo de ver, «es necesario frenar la presión que ejerce sobre el mercado el uso inversor, que ha desplazado al uso residencial, que debe ser el prioritario».
El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en Baleares, José Miguel Artieda, sostiene que «se trata de una medida muy controvertida y difícil de lograr al requerir el acuerdo para modificar el Tratado de la UE. Por ello, de plantearse deberia ser aprobado previamente desde el consenso politico nacional, declarando el acceso a la vivienda como de interes general, y dentro de un paquete completo de medidas que pueden ser convenientes para resolver el problema de creación y acceso a la vivienda». No obstante, advierte que «ese consenso requiere de un gran pacto de estado que resulta dificil de vislumbrar, transformandose el problema de la vivienda en una arma de rédito politico».
Artieda declara que «resulta incuestionable que la presion demografica en Baleares, con una variación anual de población extranjera superior a la nacional, y junto al alto poder adquisitivo de la mayoria de extranjeros que compran en las Islas, conduce a una escalada de precios exponencial, inasumible para los residentes. Por tanto, dentro de ese paquete de medidas urgentes cabria la posibilidad de establecer limitaciones de compra a no residentes en según que zonas, como ciertos nucleos urbanos consolidados; dentro de unas condiciones determinadas; y afectando a ciertas tipologias de viviendas».
Pau A. Monserrat, miembro del CES, profesor de la UIB y economista de Futur Legal, insiste en que esta medida no se va a poder aplicar en Baleares, aunque se apruebe para Canarias, ya que no es un territorio ultraperiférico. En su opinión, «es una buena idea intentar limitar la compra-venta a no residentes, pero todos los que estén en países de la Unión Europea, si no hay una limitación como la que se plantea el Gobierno de España a una región ultraperiférica, no se puede limitar. Por tanto, esta posibilidad no existe para Baleares, ya que limitar la compra-venta a los comunitarios está fuera de la normativa europea».
El presidente de Asociación Balear de Inmobiliaria Nacional e Internacional (ABINI), Daniel Arenas, expresa su «firme desacuerdo con la propuesta planteada por el Gobierno de España, de limitar la adquisición de viviendas para usos no residenciales en regiones como Canarias. Se trata de una medida intervencionista que no aborda las causas estructurales del problema del acceso a la vivienda y que genera una enorme inseguridad jurídica». En este sentido, asegura que «restringir la compra de vivienda no va a abaratar los precios si no se incrementa previamente la oferta. El verdadero problema del mercado inmobiliario es la falta de suelo finalista, la lentitud administrativa y la escasa promoción de vivienda protegida, no la demonización de determinados compradores o usos».
Además, subraya que «este tipo de limitaciones suponen un mensaje muy negativo para la inversión, tanto nacional como internacional, y pueden provocar una retirada de capital que afecte directamente al empleo, a la actividad económica y a la recaudación fiscal en territorios que ya presentan importantes singularidades estructurales».
El economista Pep Ignasi Aguiló sostiene que «el mercado de la vivienda necesita más libertad, no más restricciones. Prohibir la compra de inmuebles por parte de extranjeros no residentes ya estuvo en vigor durante los primeros años de la dictadura franquista con los resultados que todos conocemos, pues no fue hasta la implementación de planes de liberalización cuando la economía comenzó a remontar».
Aguiló recrimina que «esta propuesta se parece mucho a las franquistas, pues para saber si una vivienda se va a dedicar para residir, o no, habrá que tener un control administrativo, tal como sucedía en aquellos años. Esto supondrá, en mayor o menor grado, un cierta desconexión de nuestra economía, una especie de pequeño inicio de retorno hacia la época autárquica de antes de 1959. Lo cual dificultará, un tanto, seguir la senda de crecimiento de otros países, tal como ocurrió entonces, aunque ahora ocurra de forma leve».
A su entender, «lo que sería importante es proteger e incentivar a los propietarios de inmuebles a introducirlos en el mercado. Al tiempo que habría que reducir los costes burócraticos y tributarios, que están dificultando el correcto funcionamiento de la oferta. En definitiva, se trata de una mala idea, de corte populista, que nos retrotrae a épocas pasadas».
La portavoz del GOB, Margalida Ramis, defiende la propuesta del Gobierno de España, ya que considera que es fundamental para evitar la especulación. «Es una medida necesaria y aunque Canarias es un territorio ultraperiférico, esta demanda se debería extender a terrotorios insulares y economías especializadas en el monocultivo turístico, como es el caso de Baleares», asevera.
La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ángela Pons, también valora de forma positiva la medida que reclama el Gobierno de Pedro Sáchez. Además, añade que el problema de Baleares es que «se está peculando con la vivienda, ya que hay propietarios que tienen varios inmuebles y están abusando de los inquilinos». Por ello, reclama sentido común y recrimina que «estamos creando unas Islas que obligan a varias familias a vivir en un piso para que unos cuantos puedan enriquecerse».
Aunque ahora limiten, seguirá habiendo una diferencia imporante entre las viviendas que hay y las que se necesitan. Los precios no bajarían por esta medida. O se va gente a la España vaciada o se hacen más casas. No hay otra. Y si se va gente, los locales ya podemos aprender a hacer de jardinero, limpiador o albañil o a cambiar pañales a los ancianos.