El retraso en la aprobación de vivienda por parte del Gobierno central deja a cientos de usuarios sin posibilidades de acceso a las ayudas al alquiler. En estos momentos, solo se pueden dar subvenciones para los pisos que tengan un precio máximo de 900 euros al mes. La realidad balear es que apenas hay oferta por esas cantidades, lo que aleja la posibilidad de que los ciudadanos de las islas accedan a las ayudas.
El Govern ha presentado alegaciones al plan para que ese tope se amplíe hasta los 1.200 euros, lo que aumenta las opciones para conseguir una ayuda. Sin embargo, la autorización debe darla el Gobierno central, algo que no ha hecho por ahora. La modificación debe incluirse en el plan de vivienda, que sigue sin ser tramitado a pesar de que el Gobierno aseguró que estaría aprobado el pasado mes de diciembre.
El conseller de Vivienda, José Luis Mateo, ha urgido al Gobierno a que convoque ya a las comunidades autónomas para cerrar el documento que permitirá esa subida de los límites de precio. El Govern confía en que el texto pueda aprobarse de una vez esta mismo mes o el que viene, como muy tarde. Baleares ha presentado otras propuestas de modificación a este plan, como que se eliminen los beneficios económicos para las comunidades autónomas que declaren zonas tensionadas y, en consecuencia, pongan límites a las subidas a los alquileres. El Govern cree que esta medida castiga a las Islas.
El conseller también ha criticado la propuesta del nuevo decreto antidesahucios que ha aprobado el Gobierno tras un acuerdo con el PNV. La modificación supone que los propietarios que solo tengan una vivienda en alquiler no tendrán que hacerse cargo de las familias en situación de vulnerabilidad si estas dejan de pagar la cuota. El PP está en contra de todas las medidas relacionadas con la imposibilidad de desahuciar a los más vulnerables si dejan de pagar.
«Nos encontramos con una medida más fruto de la improvisación de un gobierno que actúa en función de los caprichos de los socios», ha dicho Mateo. El conseller ha evitado valorar los cambios a la espera de ver el contenido exacto de esta propuesta. «Se han introducido reformas a petición de uno de los socios, pero no me veo capaz de hacer una valoración de conjunto», ha dicho. Sí ha pedido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que desbloquee la tramitación de la le ley antidesahucios. «Queremos que avance en la protección de los inquilinos, pero también de los propietarios», ha dicho.
Ha opinado que es «una desgracia para nuestro país» tener un gobierno «sometido los chantajes para mantenerse en la silla». Ha mostrado su «enfado e indignación» porque estas medidas se han presentado sin negociar con las comunidades, que son quienes tienen las competencias en vivienda. «Estamos en contra de cómo se está haciendo la tramitación de estas medidas en el Congreso, no solo el PP, sino también la mayor parte de fuerzas parlamentarias», ha dicho. Ha recordado que los propios socios del Gobierno se han negado a votar en conjunto este paquete de propuestas. «Unas chocan con otras y los propios socios del Gobierno han dicho que esto es inaceptable», ha concluido.
¿Ayudas? ¡Que bajen los precios!