El Govern ultima modificaciones legales para aprobar la exención del catalán en puestos de la administración autonómica considerados de difícil cobertura en una reforma que se asimila a la que se aprobó para el sector sanitario. En breve, el catalán dejará de ser un requisito para trabajos técnicos que no tengan contacto con el público, como pueden ser plazas profesionales de arquitecto, ingeniero o asimilado.
La propuesta no es nueva, pero la novedad está en que PP y Vox están a punto de cerrar un acuerdo definitivo sobre el alcance definitivo de esta medida. Se trata de plasmar en una norma legal el acuerdo alcanzado el año pasado por ambas formaciones y que permitió a Marga Prohens aprobar los Presupuestos de la Comunitat para el año 2025.
El texto aprobado hablaba de garantizar que el catalán no penalice en el acceso a bolsas públicas de trabajo, «analizando las categorías, cuerpos, escalas y puestos de trabajo que no tratan con la ciudadanía», para la rebaja o exención del nivel lingüístico exigido, «y exceptuando aquellas plazas deficitarias o de difícil cobertura», donde la exigencia lingüística «pueda dificultar» la prestación del servicio a los ciudadanos, «de manera que el catalán no suponga un impedimento para acceder a estas plazas».
PP Y Vox negocian ahora cómo se expresa ese desiderátum en la ley y es ahí donde han surgido discrepancias ya que Vox exige que el catalán no se requisito en los puestos de funcionario que no tengan que atender a los ciudadanos. El PP no está de acuerdo con esta visión de Vox, pero los dos partidos se muestra convencidos de que los matices se superarán y la propuesta se aprobará en breve.
Los negociadores señalan que la propuesta está a punto de cerrarse, pero también debe resolverse cómo se incorpora al ordenamiento jurídico de Balears, que podría ser a través de alguna de las leyes que se tramitarán en el Parlament en este primer periodo de sesiones del año.
algunas exención , ninguna obligación de saber catalán ,