«Mi nombre es Mari Vargas y llevo 20 años siendo los pies y las manos de mi hermano con parálisis cerebral». Así comienza la conversación con Ultima Hora esta vecina de Palma que ha visto cómo, tras más de una década con el reconocimiento oficial de familia numerosa especial, el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) ha excluido a su hermano José del núcleo familiar a efectos administrativos.
Mari tiene tres hijos y ostenta la tutela legal de su hermano desde 2002, cuando su padre, enfermo, decidió cederle judicialmente la responsabilidad para garantizar su cuidado. «Mi padre, previendo lo que venía por su enfermedad, me cedió la tutela legal estando él aún vivo. Lo hizo para protegernos. Llevo más de 20 años con ese mandato judicial», explica.
Durante 14 años, su unidad familiar fue reconocida como familia numerosa especial, ya que su hermano —con un grado de dependencia del 100%— computaba como miembro a su cargo. Sin embargo, al acudir recientemente a renovar el título, la administración le comunicó que su hermano ya no podía figurar en el libro de familia al no tratarse de su descendencia.
El argumento, según relata, es que debía haber sido su tutora cuando él era menor de edad. «Es un requisito imposible. Cuando mi hermano era menor, nuestro padre estaba sano y yo era apenas una niña. Me están diciendo que con siete u ocho años debería haberle quitado la tutela a mi padre. Es una locura, me piden un imposible», denuncia.
Para Mari, la situación genera una profunda «inseguridad jurídica»: «He tenido el carnet durante 14 años y ahora, sin que nada haya cambiado en la salud de mi hermano ni en mi situación familiar, deciden que ya no somos familia».
Su hermano 'Pepe' —como así le llaman los hijos de Mari como apelativo cariñoso— tiene 51 años, no habla y se comunica con la mirada. Requiere ayuda total para todas las actividades básicas: alimentación —mediante comida triturada y espesada—, higiene, movilidad y cambios posturales. Vive con ella desde hace dos décadas y forma parte del día a día de sus hijos. «No es mi descendencia biológica, pero es mi responsabilidad legal y el centro de mi hogar desde hace 20 años», subraya.
Solo pide «ser una familia»
La retirada del reconocimiento no solo tiene un impacto simbólico. Mari percibía 100 euros mensuales vinculados al título de familia numerosa especial, una ayuda que, aunque modesta, contribuía a sostener una economía marcada por la reducción de jornada laboral. Lleva más de 20 años trabajando en una tienda de ropa del centro de Palma, siempre con horarios adaptados para poder atender a su hermano.
«Yo podía haber ascendido en mi empresa, pero di prioridad a lo que tenía que dársela: a mis hermanos —falleció otro que también tenía parálisis cerebral— y a mi padre enfermo. Trabajo por las mañanas porque él está en el centro de día», afirma.
La situación habitacional agrava el problema. Su piso actual no está adaptado. «Mi hermano ha perdido calidad de vida. Antes, con ayuda, podía llevarlo al baño. Ahora tengo que usar pañales porque en mi casa es imposible manejarlo bien», explica. Las asistentas sociales que acuden a asearlo por las mañanas han advertido de la falta de espacio para utilizar una grúa y realizar las movilizaciones con seguridad. Los fines de semana no dispone de apoyo domiciliario. «Me dicen que tiene que ser un caso extremo. ¿Más extremo que una persona con parálisis cerebral al 100%?», se pregunta.
Para Mari, la decisión administrativa trasciende lo económico. «No estoy pidiendo nada que no nos pertenezca. Estoy reclamando identidad y coherencia. Si un juez me otorgó su tutela porque mi padre ya no podía hacerse cargo, ¿cómo puede la administración decidir ahora que no somos familia?».
El IMAS, por su parte, desmiente que se le deniegue el título de familia numerosa especial y justifica este «malentendido» por la «no presentación de alguno de los documentos que se solicitan para la renovación». Explican que, en lo que respecta a la renovación de títulos de familia numerosa, su labor se limita a aplicar estrictamente la normativa vigente, en este caso la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas. Según la institución, no toman decisiones sobre la concesión o denegación de los títulos, sino que actúan como meros tramitadores, siguiendo paso a paso lo que marca la ley y asegurando que se cumpla en cada caso.
Con la voz entrecortada, resume el golpe emocional que ha supuesto la resolución: «Cuando me dijeron que lo quitaban del libro, sentí como si lo borraran del mapa. Mi hermano está vivo. No pueden eliminarlo de un plumazo». Mari no reclama privilegios, insiste, sino el reconocimiento de una realidad que lleva sosteniendo dos décadas: «Somos una familia. Lo hemos sido siempre. Y la burocracia no puede decidir ahora que dejamos de serlo».
S'ha de ser rastrers i miserables per fer això ! I de mentre els politimerdutxos malbaratant i malversant (a part de roblar) els NOSTRES diners públics a carretades.