El fin del escudo social deja en el aire la continuidad de unas 1.200 familias de Baleares que estaban protegidas por la moratoria antidesahucios. La normativa decayó el pasado 26 de febrero, cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la no convalidación de un decreto que ha estado en vigor desde la pandemia. Las entidades de apoyo a colectivos vulnerables y sindicatos como CCOO calculan que la medida podría afectar de manera directa a unas 60.000 familias en toda España, que en Baleares llega a 1.200.
El Consejo General del Poder Judicial no ha dado datos del número de familias que se pueden ver afectadas por el levantamiento de la moratoria, pero algunos despachos de abogados ya han comenzado a pedir información sobre esta medida. Miquel Àngel Mas, de DMS Legal, ya ha detectado que se han comenzado a reactivar los lanzamientos de personas que se encontraban en situaciones vulnerabilidad.
La medida tomada de manera coyuntural se ha prolongado más de lo previsto y Mas cree que esa situación ha provocado una distorsión. «Resulta difícil defender que una medida extraordinaria nacida por la crisis del COVID-19 pueda tener una naturaleza indefinida», señala.
Desde un punto de vista meramente jurídico, no legal, apunta a que mantener la suspensión de los procesos judiciales sin fecha de caducidad «había empezado a desvirtuar el sistema».
Suspensión indefinida
Cree que no tiene sentido jurídico ni económico suspender «indefinidamente» los procedimientos, ya que la temporalidad es «la esencia» de cualquier medida de urgencia. Era una medida extraordinaria en un contexto muy concreto pero, en su opinión, no tiene sentido que los procesos duren eternamente.
Mas señala que la medida ha ayudado a muchas familias, pero uno de los efectos secundarios más de la «incertidumbre» que afecta a la vivienda ha sido la reacción de ciertas ONG y fundaciones. «Algunas de estas entidades han dejado de alquilar viviendas a familias con menores por miedo a no poder recuperar la posesión del inmueble en caso de necesidad, bloqueando así la rotación de las viviendas sociales e impidiendo que cumplan su finalidad fundacional», señala Mas.
En opinión de este abogado, la solución no puede pasar únicamente por la suspensión de desahucios, sino por políticas estructurales entre las que menciona la ampliación del parque público de vivienda, que en el caso de Baleares es de poco más de 2.500 pisos, pero también cree que es necesario replantear el uso comercial de la vivienda, lo que implica que sectores como el del alquiler turístico o los grandes inversores hagan renuncias para equilibrar el mercado.
Los consejos
Ante este nuevo escenario, Mas aconseja a los afectados asesorarse, tanto si son los propietarios de la vivienda como si son las personas vulnerables a las que no se podía desahuciar. En el caso de los propietarios, considera que puede ser muy interesante buscar acuerdos con los arrendatarios.
Señala que renunciar a reclamar las rentas pendientes a cambio de una entrega inmediata de llaves puede ahorrar costes judiciales, evitar situaciones de tensión y permitir recuperar la posesión de la vivienda antes que por la vía ejecutiva.
En el caso de los arrendatarios, reconoce que resulta complicado encontrar ventajas en un acuerdo de este tipo dada la situación en la que se encuentra el mercado inmobiliario, pero cree que la condonación de la deuda puede ser un beneficio. «Evitar arrastrar una deuda durante años permite limpiar el historial crediticio y facilita el acceso a futuros contratos o financiación, evitando una mochila financiera que podría durar décadas», asegura.
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