«No sé quién se inventó la modalidad de lo que se conoce popularmente como el 'Airbnb náutico', la que permite a los particulares alquilar sus embarcaciones hasta tres meses al año en España, pero la principal plataforma que comercializa esas embarcaciones es una inmobiliaria de Madrid que quiere especular con algo que no es suyo: el dominio público». Con esta reflexión el director general de Ports IB, Toni Mercant, da idea de la guerra abierta que mantienen el Govern balear y el Gobierno central a cuenta de un negocio, el alquiler vacacional, que replica en el mar el modelo del alquiler de viviendas vacacionales en las Islas.
El Govern balear no está dispuesto a declarar las Baleares como una zona saturada de vivienda pero sí está dispuesto a declarar saturado su mar. El secretario de Transporte Marítimo del Gobierno central, Benito Núñez, anunció el martes 14 de abril en el Congreso que enmendará su propia normativa abriendo la puerta a limitar la actividad en «territorios saturados».
El anuncio llama la atención teniendo en cuenta que la actividad en cuestión está prohibida expresamente por la normativa autonómica de Baleares desde el 1 de agosto y que precisamente el Gobierno central ha presentado un recurso de constitucionalidad contra esta limitación.
Hasta la fecha, según datos facilitados por Núñez siete propietarios de embarcaciones de la lista séptima han solicitado autorización para el alquiler temporal de sus naves en las Islas.
El decreto náutico de Baleares no solo ha sido recurrido por el ejecutivo español, también han presentado recurso contra la normativa distintas asociaciones y particulares. Varios de ellos pidieron como medida cautelar la suspensión de la regulación, pero esta ha sido rechazada en los juzgados. El Govern balear cuenta con el respaldo de la patronal del chárter náutico. A falta de que se analice el fondo del asunto y haya una sentencia clara Mercant defiende que la actividad sigue prohibida en Baleares.
«Aprobar el decreto que prohíbe el 'Airbnb náutico' en Baleares el 1 de agosto fue un salto al abismo, me temblaba el pulso porque sabía a lo que nos enfrentábamos. Cuando tocas intereses económicos es delicado. Nuestro texto prohíbe expresamente desde el 1 de agosto el alquiler de forma temporal. Lo hicimos porque es una competencia autonómica prevista en el estatuto de autonomía en las aguas interiores», explica Mercant.
El director general defiende la competencia autonómica argumentando que «los que navegan por las aguas exteriores (donde manda la normativa estatal) acaban entrando en las aguas interiores».
El recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Gobierno central considera que hay tres cuestiones en las que la normativa del Govern invade sus competencias. «La primera cuestión es casi romántica, dicen que vamos en contra del código internacional de señales porque exigimos una bandera que incluya un número identificativo que sería el equivalente a la placa con el número que identifica en las viviendas vacacionales que estas tienen licencia. Para no poner una pegatina en el barco pensamos que era mejor hacerlo en una bandera», dice.
La segunda cuestión es la prohibición del alquiler temporal de embarcaciones en Baleares con la que el Govern desactiva la legalización nacional del 'Airbnb náutico'. «¿Por qué nos denuncian si luego anuncian una enmienda que abre la puerta a la prohibición?», reflexiona.
La tercera discrepancia viene dada porque la normativa de Baleares recuerda en su texto la prohibición de alquilar plazas en lugar de embarcaciones completas.
«Si un juez considera que no hemos hecho las cosas bien y hay que rectificar lo haremos. Todos podemos equivocarnos, pero mientras que el juez no se pronuncie la prohibición del 'Airbnb náutico' está vigente en Baleares», dice Mercant.
El director general aboga porque las discrepancias entre las dos administraciones se diriman en una comisión paritaria como se ha hecho en otros territorios como Murcia, en lugar de recurrir a los tribunales.
Si finalmente el Gobierno central modifica su normativa para incluir una excepción en los territorios con aguas saturadas, Mercant confirma que el Govern balear, solicitará que se aplique esa excepción en las Islas. «Tendremos que solicitarlo con informes técnicos y disponemos de ellos porque en 2023 el SOCIB y el Imedea ya analizaron la capacidad de carga de los fondeos y concluyeron que estaban al nivel máximo y que no debería a ir a más», explica.
En cualquier caso, a falta de conocer la letra pequeña de esa enmienda, parece que el Gobierno central seguirá teniendo la última palabra a la hora de decidir si un territorio como Baleares está o no saturado.
«Juegan con nosotros haciendo una navegación de salón desde el despacho, escuchan a los que quieren especular con el dominio público en lugar de escuchar a quienes conocen la realidad de cada territorio», sentencia.