El delegado del Gobierno en las Islas Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, ha denunciado este lunes que hay una estrategia deliberada por parte del PP de «torpedear» el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes. Según el delegado, el PP está utilizando las instituciones que gobierna para poner «palos en las ruedas» a través de recursos judiciales anunciados por el Govern de Marga Prohens y con la reunión de alcaldes de la formación destinada a obstaculizar el procedimiento.
Para Rodríguez Badal, esta actitud responde a una «voluntad política clara» de asumir los postulados de la extremaderecha, lo que supone caer en una «deriva muy peligrosa» en la que el discurso del PP se mimetiza con el de Vox hasta el punto de criminalizar a trabajadores que ya forman parte de nuestra sociedad. El delegado ha pedido a Prohens y a Llorenç Galmés que abandonen los «discursos de odio» y dejen de «engañar a la gente» y dejen de vincular el deterioro de los servicios públicos con la regularización.
«Pido a Prohens y a Galmés que dejen a un lado los discursos de odio. Están en una deriva muy peligrosa en la que se confunde con Vox hasta al punto de que ya no sabemos dónde empieza uno y otro», ha dicho. El delegado del Govern ha acusado a los dirigentes 'populares' de «criminalizar» a personas que ya están aquí trabajando y que se merece derechos. Según Badal, las deficiencias actuales no son fruto de este proceso ni de un inexistente «efecto llamada», sino de la «ineficacia» de unas administraciones que están dañando lo público con sus políticas
Ante esta situación, ha hecho un llamamiento a la calma y a la tranquilidad, recordando a los migrantes que «no hay un cupo» de regularización y que tendrán exactamente los mismos derechos si presentan su solicitud hoy que si lo hacen el último día del plazo. Rodríguez Badal ha animado a utilizar las vías telemáticas para agilizar los trámites y ha reclamado flexibilidad a las administraciones locales.
En este sentido, ha recordado que los ayuntamientos «pueden ser parte de la solución o parte de problema» porque ya tenían conocimiento previo de que deberían expedir los informes de vulnerabilidad, y deberían haber adaptado sus recursos, algo que sí han hecho algunas municipios mientras otros daban «órdenes políticas» para no hacerlo, en referencia al Ajuntament de Palma. El delegado ha subrayado que este proceso busca dar derechos y deberes a personas que quieren salir de la ilegalidad, un objetivo que comparten empresarios y la Iglesia, pero que el PP intenta boicotear al instrumentalizar las instituciones contra un colectivo que merece dignidad y seguridad jurídica.
Si no compleixen la llei, se'ls ha de tancar i llevar dels seus llocs de responsabilitat, ni més ni pus